Trabajo de: www.runrun.es
Diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, en un pronunciamiento en conjunto, expresaron su preocupación por la falta de garantías para próximas elecciones en Venezuela.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Global Center for the Responsibility to Protect, Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y Human Rights Watch (HRW) expresaron a través de un comunicado que los recientes acontecimientos políticos que han ocurrido en el país en los últimos días «representan una amenaza a la legitimidad de los próximos procesos electorales».
En el pronunciamiento las ONG hacen referencia a la renuncia de los seis miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin ofrecer una explicación clara, además a la decisión de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista de nombrar un nuevo CNE a través de una comisión integrada completamente por miembros del partido de gobierno.
A las organizaciones también les preocupa la continua inhabilitación electoral arbitraria de candidatos de la oposición por medio de procedimientos administrativos. La reciente inhabilitación por 15 años de la candidata de oposición María Corina Machado, así como inhabilitaciones previas de figuras como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano.
También, los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela.
Las ONG afirman que Venezuela tiene una obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar a los individuos una oportunidad efectiva de ejercer sus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por tal razón la comunidad internacional y otros actores no deben aceptar menos y deben exigir a Venezuela cumplir con estándares electorales mínimos que garanticen el derecho a la participación política y elecciones libres y justas.
«Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar a su pueblo el derecho a la participación política. Todas las personas venezolanas, sin importar si residen en el país o en el extranjero, tienen el derecho a participar en asuntos públicos y a ejercer su derecho de tomar libremente decisiones pacíficas e independientes sobre el futuro de su país», concluyeron.
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