Más de 130 organizaciones de la sociedad civil y 57 activistas de 15 estados del país, integrantes de la Coalición Anticorrupción, hicieron un llamado urgente a la Mesa de Negociación para que se implemente el acuerdo suscrito en noviembre de 2022, que contempla la creación de un Fondo de Protección Social para el Pueblo de Venezuela, con un monto de 3.000 millones de dólares, destinado a asistir a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
Las organizaciones y activistas expresaron su preocupación por el retraso en la puesta en marcha de este mecanismo, que podría aliviar el sufrimiento de millones de venezolanos que padecen hambre, enfermedades, falta de servicios básicos y violaciones de derechos humanos. Según datos de la ONU, el 65% de la población necesita algún tipo de ayuda y el 34% se encuentra en situación de necesidad humanitaria.
Estas organizaciones que forman parte de la Coalición Anticorrupción hacen un llamado urgente a las partes firmantes del «Segundo Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo de Venezuela» y a los representantes de Naciones Unidas para que se concrete la creación del «Fondo para la Protección Social del Pueblo de Venezuela», un mecanismo que permitiría atender a millones de personas en situación de vulnerabilidad en el país.
Sin embargo, a más de siete meses de la firma del Acuerdo, el Fondo aún no se ha creado ni se ha definido su administración, lo que implica una demora inaceptable ante la grave crisis humanitaria que vive Venezuela.
Según datos de Hum Venezuela, casi 19 millones de venezolanos, el 65% de la población, siguen teniendo necesidades de asistencia y unos 10 millones están en necesidad humanitaria. Además, Venezuela tiene la mayor tasa de subalimentación de Latinoamérica con 22,9%, según la FAO, y al menos el 70% de los hogares se enfrentaron a la inseguridad alimentaria y 6.5 millones padecieron hambre, según Provea.
Las organizaciones de la sociedad civil venezolana instan a las partes firmantes del Acuerdo y a Naciones Unidas a actuar con celeridad y responsabilidad para crear el Fondo y garantizar su transparencia y eficacia en el uso de los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano.
