La República venezolana que nació, en 1811, se refundó en 1819, el 1821 pasó a ser un Departamento de Colombia y volvería a nacer en 1830, fue inhabilitando desde un principio a sus ciudadanos, a pesar de sus respectivos preámbulos, que consagraron universales principios de los «Derechos del Hombre y Ciudadano» al considerarlos: «activos y pasivos» que la «soberanía reside en el pueblo» resultado un ardid, porque de seguidas dice: «en los términos consagrados de esta Constitución y la ley». Se consideraban activos, «poseer una propiedad raíz de valor de quinientos pesos en cualquier parte de Venezuela«… y pasivo aquel que estando bajo la protección de la ley no tiene parte en su formación, ni ejerce la soberanía nacional ni goza del derecho de sufragio»… La Constitución de los hermanos Monagas (1857) consideró ciudadano a quien «tenga una propiedad raíz que valga mil pesos por lo menos o una renta o sueño que le produzcan cuatrocientos pesos o más»… Para 1937, la llamada Corte Federal de de Casación, por orden del general presidente Lopez Contreras, inhabilitó a los recién electos concejales del Distrito Federal por «reconocida filiación comunista». Hoy, los comunistas de 2023, declaran la muerte cívica de la ciudadana María Corina Machado.
Buena parte de aquellos atropellos serían sustituidos en la Constitución de 1947, quien dispusiera: «Son electores todos los venezolanos, hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, no sujetos por sentencia definitivamente firme a intersección civil ni a condena penal que lleve consigo la inhabilitación política«.
La vigente Constitución (1999) sostiene con palabras más o menos el mismo criterio, desconociéndose el «espíritu, propósito y razón» del legislador, universalmente reconocido pero imponiéndose la altanera expresión del general José Tadeo Monagas… «La Constitución es un librito azul que sirve para cualquier cosa» coloquialmente ¡vaina!…
En tiempos de la democracia representativa, las inhabilitaciones políticas no han dejado de existir. Desconocido el «disenso político» las expulsiones a dirigentes dividieron al partido Acción Democrática. Luis Alfaro Ucero, fue un Savonarola en Acción Democrática, expulsando por miles a sus militantes. Ramos Allup, a su imagen y semejanza calificaba a sus críticos internos como «auto excluidos». Unión Republicana Democrática, haría lo mismo con el doctor Alirio Ugarte Pelayo, dando al traste con su vida.
Dos casos hay que precisar: las inhabilitaciones a los parlamentarios de los años (1959-1969) a quienes se les despojó de la inmunidad, por atentar contra el régimen democrático legítimamente constituido y los expulsados de Acción Democrática por su Comisión de Ética, por hechos de corrupción, que debieron ser del conocimiento del Ministerio Público para la respectiva imputación penal.
Mas reciente no pudo ser, que régimen y oposición modificarán la «Ley de Partidos Políticos«, para expulsar de sus filas a sus parlamentarios militantes, por encima del constitucional 61, que reconoce la «Libertad de Conciencia» y agreguemos a ello, la negativa de convocarse procesos electorales internos, en las organizaciones políticas, para renovar sus autoridades y elegirse a sus representantes a cargos de elección popular, que delata la fraudulenta democracia venezolana, al servicio de élites partidistas, que a los fines de su restauración obliga a debatirse, a propósito de la gansteril decisión, con su pretensión de inhabilitar a la ciudadana María Corina Machado, ¡toda una chispa en una Sabana!… ¿Y eso, es democracia participativa y protagónica, que ante el golpista de Chávez Frías, le habilitaría como un gesto de paz nacional?
Jorge Ramos Guerra
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