La Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó por 15 años a la dirigente opositora y fundadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos cuando era diputada a la Asamblea Nacional (AN).
La decisión fue comunicada el pasado 30 de junio mediante una carta dirigida al diputado José Brito, quien días antes había solicitado al organismo información sobre la situación de la opositora.
Sin embargo, la medida contra Machado está plagada de vicios e ilegalidades que la hacen nula, según denunció la organización Acceso a la Justicia. Estas son las cinco irregularidades detectadas:
1. Falso supuesto de hecho: Machado no es funcionaria pública ni lo ha sido desde que fue destituida como diputada en 2014 por una decisión del entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
2. Fuera de lapso: La Contraloría aseguró que mantuvo abierto el procedimiento contra Machado que inició en 2015 y que le sirvió para inhabilitarla por primera vez por 12 meses. Sin embargo, el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que las acciones administrativas sancionatorias prescriben en cinco años, plazo que ya se cumplió.
3. Sin derecho a la defensa: Machado no fue notificada ni tuvo oportunidad de presentar sus alegatos y pruebas ante la Contraloría, lo que viola el artículo 49 constitucional que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa.
4. Doble sanción: La Contraloría basó su decisión en un expediente que ya había sido utilizado para inhabilitar a Machado en 2015, lo que contraviene el numeral 7 del artículo 49 constitucional que prohíbe someter a una persona a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
5. Sin facultad para inhabilitar: La Contraloría no tiene competencia para inhabilitar a los ciudadanos para el ejercicio de cargos públicos, pues se trata de una medida administrativa desproporcionada que vulnera los derechos políticos consagrados en la Constitución.
La inhabilitación contra Machado podría ser una muestra más del uso arbitrario de este mecanismo por parte del régimen de Nicolás Maduro para neutralizar a sus adversarios políticos y limitar las opciones democráticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.
