En Venezuela no hay contraloría alguna para saber cómo funcionan sus instituciones. No son confiables las opiniones que sobre la marcha de los órganos públicos emiten algunos funcionarios, como fue lo dicho por el Fiscal General Tarek William Saab, en presencia del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el sentido de que en el país se enjuician correctamente y se sancionen ejemplarmente a aquellos que atentan contra la ciudadanía perpetrando crímenes de lesa humanidad. Si eso fuera cierto, el usurpador Presidente de la República, ministros y altos funcionarios estarían tras las rejas, o por lo menos enjuiciados penalmente.
Por ello hay que recurrir a los organismos internacional para otear la realidad venezolana y entre ello lo referente a la administración de justicia, a su órgano judicial compuesto por el Tribunal Supremos de Justicia y demás tribunales de la República y así nos encontramos en el Informe Anual de la ONG Acceso a la Justicia, lo que a continuación señalamos.
La justicia venezolana es incapaz de cumplir la misión que le encomienda la Constitución en el sentido de proteger al ciudadano en sus derechos y sancionar a los infractores de la ley, lo cual la hace estar en la mira de organizaciones y organismos internacionales y así el Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project, coloca a la justicia de nuestro país en el último puesto superada por Camboya, Afganistán y la República del Congo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por décimo octavo año consecutivo, ubicó a Venezuela en el Capítulo IV, conocido popularmente como “la lista negra” de los Derechos Humanos. Por otra parte, ya es ampliamente conocida la opinión de quien fue Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en relación a que las reformas judiciales planteadas por el oficialismo fueron normas de maquillaje o simples reformas fachadas. Lo anterior tenía como propósito engañar a los órganos internacionales que investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por altos funcionarios del gobierno, incluyendo a su Presidente.
Agregó Bachelet en el informe, que se observa frecuentes aplazamientos de audiencias que prolonga de manera inaceptable las detenciones preventivas, con procesados detenidos por más de tres años sin fórmula de juicio. En este grupo de procesos llevados de manera irregular y sobre los cuales nos pronunciamos en este espacio anteriormente, se encuentran entre muchos otros, el de Roland Carreño y el de los esposos Juan Carlos Marrufo Capozzi y María Auxiliadora Taboski de Marrufo, quienes están detenidos “preventivamente” por años, algo insólito en tribunales de un régimen democrática. Por otra parte, el Fiscal de la Corte Internacional dejó en claro la desconfianza en relación a la justicia venezolana debido a que en las averiguaciones no abarcan la cadena de mando para llegar a los superiores que ordenan la perpetración de los crímenes denunciados que se investigan, entre los cuales están homicidios y torturas como política de Estado.
Ante estas evidencias que vienen de diferentes fuentes muy confiables como las mencionadas, se asoma el Fiscal Saab con unas cínicas declaraciones a través de las cuales aspira ocultar sus falencias apelando al recuerdo de casos que si bien requerían de un castigo, ni de cerca son comparables a los que maneja la Corte Penal Internacional, porque no es lo mismo mutilar animales que lanzar a un adversario político desde una ventana de un alto piso de un edificio, o torturar a un militar hasta llevarlo moribundo a las puertas de un tribunal. La desvergüenza es su divisa y la procacidad, la sórdida imagen que proyecta en compañía del resto de los funcionarios del indecente régimen que ha destruido a nuestro país.
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
