Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos humanos de Venezuela celebraron el 27 de junio la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar al fiscal del alto tribunal, Karim Khan, a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
El organismo concluyó que no han progresado los procedimientos de la justicia interna. «Venezuela no está investigando», y tampoco muestra indicios de querer hacerlo.
Según la CPI, «el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos/de bajo nivel». Esto se traduce en que no se investiga ni se hace seguimiento a las actuaciones de las cadenas de mando.
La abogada Tamara Taraciuk ve esta decisión como «un paso clave para la justicia y un incentivo importante para que las autoridades negocien cómo salir de la actual falta de Estado de derecho».
La ONG Fundaredes considera que, con esta decisión, «se mantiene vigente el anhelo de justicia por parte de las víctimas sometidas a tratos crueles e inhumanos por parte del Estado venezolano, quien de forma sistemática y con patrones claramente identificados se ha encargado de crear dolor y sufrimiento a la población».
Fundaredes aplaude lo que cataloga como un «gran paso a favor de la justicia», que abona «el terreno para que se esclarezca la verdad, se sentencie a los culpables, se fomenten garantías de no repetición y se construyan los cimientos de una sólida memoria histórica que no permita que se repitan hechos y tratos deplorables como los que han tenido que vivir tantos venezolanos».
Provea, por su parte, detalló algunos de los factores que el organismo internacional consideró determinantes para su conclusión. Entre estos elementos, destaca que «Venezuela no parece estar investigando las alegaciones fácticas que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad«.
Otro factor apunta a que «la Sala también informó que las investigaciones nacionales no parecen abordar suficientemente las formas de criminalidad que la Fiscalía pretende investigar, refiriéndose en particular a la intención discriminatoria que subyace al presunto crimen de persecución y a la aparente insuficiente investigación de los crímenes de naturaleza sexual».
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) calificó la decisión de la CPI como un «paso positivo hacia la justicia que merecen las víctimas de crímenes de lesa humanidad de ese país».
Por su parte, Mario D’Andrea, abogado y defensor de DDHH, explicó vía Twitter que el fiscal Khan «podrá (en un plazo indeterminado) establecer casos con nombre y apellido de potenciales responsables y órdenes de comparecencia u ordenes de captura. Esto igualmente implica que, las potenciales víctimas sean identificadas». Agregó que, con esta determinación de la CPI, «la justicia avanza».
El también abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, manifestó que, con el dictamen de la CPI, «se comienza formalmente a colectar evidencias y testimonios para que en un futuro eventual se puedan establecer responsabilidades y se pueda llevar a cabo un proceso judicial, determinando responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad».
Advirtió que este proceso toma tiempo. «Puede ser poco o mucho. No hay un tiempo específico establecido. Lo importante es que esta es una victoria de las víctimas que han venido solicitando que esta investigación se lleva a cabo».
Romero aclaró que «no se trata de responsabilidades del Estado venezolano, como se ha tratado de manipular desde la información, sino de investigaciones en relación con individuos que presuntamente han cometido crímenesde lesa humanidad y que formalmente se puede establecer su responsabilidad».
