El pasado 20 de junio, el académico Rafael Badell Madrid presentó, en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Acienpol), su libro La Reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Este estudio constituye un valioso aporte a la comprensión de la controversia territorial de nuestro país con la excolonia británica. El profesor Héctor Faúndez Ledesma, autor de una importante obra sobre la materia, fue el prologuista y también fue el presentador del acto celebrado. La nutrida concurrencia al evento demuestra el interés que despierta esta materia en los círculos intelectuales y universitarios del país.
Esta obra de Badell Madrid se suma a la ristra de contribuciones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre esta fundamental disputa. Desde el denso y bien sustentado trabajo de Carlos Álamo Ybarra, Fronteras de Venezuela con la Guayana Esequiba (1938), hasta los más recientes aportes del propio Héctor Faúndez Ledesma (La competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guyana vs. Venezuela, 2020) y de Allan Brewer-Carías (Derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo. La nulidad del laudo arbitral de 1899 y las falsedades en la Memoria de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, 2023).
A lo anterior se añade el libro La reclamación venezolana sobre la Guayana Esequiba (2008), coordinado por Tomás Enrique Carrillo Batalla, que recoge varios artículos sobre el conflicto. Y, más recientemente, el libro La controversia del Esequibo (2022) que contiene doce foros organizados por Acienpol, bajo la coordinación de Héctor Faúndez y Rafael Badell. Al mismo tiempo, la Academia ha tenido una vigorosa actividad a través de la publicación de sus pronunciamientos sobre la disputa territorial; al tiempo que los académicos han sido muy activos en publicar estudios y ensayos en el Boletín de Acienpol.
El actual presidente de Acienpol, Luciano Lupini Bianchi, es un jurista culto y de criterio certero que está comprometido con el asunto y patrocina esta vigorosa actividad. Por su parte, el destacado profesor de Derecho Internacional Privado, Eugenio Hernández-Bretón, expresidente de la Academia, ha puesto su talento jurídico al servicio del equipo de abogados que participan en la defensa de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Y esto es así −y debe ser así− porque el compromiso con Venezuela trasciende las diferencias políticas e ideológicas entre los venezolanos.
La obra de Rafael Badell Madrid viene, entonces, a enriquecer los aportes de Acienpol sobre la disputa territorial, que contienen −hay que insistir− elevado material jurídico, geográfico e histórico sobre un asunto trascendental para el destino nacional. Este libro consta de doce capítulos y veintinueve anexos. Contiene, además, explicaciones sobre hechos históricos, políticos y jurídicos ocurridos durante estos doscientos años. También incluye referencias a los protagonistas históricos y a las fechas relevantes que marcan el recorrido de esta disputa.
El autor demuestra, con razones jurídicas, documentales e históricas, que el laudo arbitral de 1899 es nulo. Asimismo, expone los argumentos que jurídicamente refutan los alegatos de Guyana. Se trata, a no dudar, de un trabajo relevante para la comprensión de la disputa desde el punto de vista jurídico y con apoyo en los títulos contundentes que respaldan la posición de Venezuela. Los anexos que incluye recogen los documentos relevantes a partir de 1493; entre otros, los escritos de Guyana, comunicaciones, tratados, así como las decisiones dictadas por la Corte Internacional de Justicia hasta el presente.
De la lectura de la obra reseñada, así como del valioso material que ha aportado Acienpol al estudio de nuestra importante disputa territorial, se puede extraer una conclusión capital: Venezuela ha estado en mejor capacidad para defenderse cuando en nuestro país ha habido democracia y liderazgo con prestigio reconocido internacionalmente. Fue lo que ocurrió en 1966 con el gran logro de nuestra diplomacia: el Acuerdo de Ginebra.
En cambio, al momento de dictarse el nefasto Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899, en Venezuela reinaba el desorden político y el caos, como consecuencia de la Revolución Liberal Restauradora. Tan delicada era la situación que veinte días después de esta fecha, el presidente Ignacio Andrade fue derrocado por Cipriano Castro, y, de inmediato, huyó del país.
Este ambiente fue propicio para facilitarle al Reino Unido la emboscada que le tendió a Venezuela. De esa manera se produce un fraude procesal y una confabulación entre el presidente del tribunal arbitral, el ruso Fiódor Martens, con los árbitros británicos. Martens chantajeó a los árbitros estadounidenses para que firmaran el laudo, tal como lo denunció Severio Mallet Prevost en el memorando del 8 de febrero de 1944, publicado, post mortem, en julio de 1949 en The American Journal of International Law. Fue una burda engañifa para ejecutar un despojo territorial contra nuestro país.
El Acuerdo de Ginebra fue impulsado por Rómulo Betancourt, por el canciller Marcos Falcón Briceño y por Carlos Sosa Rodríguez, entonces embajador de Venezuela en Washington. Se suscribió el 17 de febrero de 1966, durante el gobierno de Raúl Leoni, cuando la cancillería estaba bajo las expertas manos de Ignacio Iribarren Borges. Y aquí cabe reiterar lo que antes señalé: ha sido en democracia, y al amparo del liderazgo de reconocidos estadistas, cuando nuestro país ha estado en mejor posición para defender su territorio.
Cuando Marcos Falcón Briceño pronunció las palabras de apertura en la sesión de la ONU del 12 de noviembre de 1962, el presidente de Venezuela era Rómulo Betancourt, que lideraba un gobierno democrático. El sistema político gozaba de prestigio y las Fuerzas Armadas apoyaban al gobierno y a la democracia. La voz del canciller tenía el respaldo de un país unido sobre un tema estratégico de interés general.
Ahora la situación es distinta, en vista del permanente conflicto político que se vive día tras día. La persecución política, las limitaciones a la libertad, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, la falta de confianza en el sistema electoral, las arbitrarias inhabilitaciones electorales, las acusaciones de corrupción y la posición del Poder Judicial en los últimos lugares de los índices de medición del Estado de derecho debilitan la posición del gobierno ante la comunidad internacional. Esto debe superarse para que Venezuela tenga una voz con más autoridad ante la Corte Internacional de Justicia. Lo señalado depende únicamente de la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro.
Estamos ante un asunto de Estado que es trascendental para los venezolanos. Los dirigentes políticos deben verlo con grandeza y privilegiar los intereses nacionales sobre las particulares ambiciones políticas. La unidad nacional y la altura de mira sobre la disputa del Esequibo es lo que puede fortalecer nuestra posición en la búsqueda de una victoria.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con las publicaciones que he comentado en este artículo, cumple el rol institucional que le corresponde en esta materia vital para el destino nacional.
Ramón Escovar León
