El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), una organización no gubernamental que vela por la protección de los activistas sociales en Venezuela, denunció este miércoles que en lo que va de 2023 se han registrado 288 agresiones contra defensores de derechos humanos en el país.
Entre los ataques documentados por la ONG se encuentran amenazas, intimidaciones, hostigamiento, leyes restrictivas y ataques digitales, que buscan limitar el trabajo de las personas y grupos que promueven y exigen el respeto a los derechos fundamentales.
La abogada Mariana Romero, integrante del CDJ, participó en un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI) y cuestionó la voluntad del Estado venezolano de cumplir con las recomendaciones que le hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el año pasado, en el marco del examen periódico universal.
Romero afirmó que el Gobierno venezolano “profundiza el cierre del espacio democrático” y “continúa con la criminalización, la represión y el control social” de quienes defienden los derechos humanos, a pesar de la presión internacional.
La ONG exigió al Estado venezolano crear “mecanismos efectivos” para garantizar un “pleno y libre” ejercicio de la defensa y la acción humanitaria en el país.
El CDJ alertó que las agresiones a defensores de derechos humanos han aumentado en los últimos meses. Solo en abril, la ONG denunció 20 ataques contra activistas sociales, entre los que se destacaron 10 actos de estigmatización, cuatro detenciones arbitrarias y tres allanamientos ilegales.
