Las fuerzas rusas llevaron a cabo torturas sistemáticas y generalizadas de civiles detenidos en relación con su invasión de Ucrania y ejecutaron de forma sumaria a docenas de ellos, informó la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas este martes.
La agencia entrevistó a cientos de víctimas y testigos para un reporte que detalla más de 900 casos de civiles — entre los que había menores y ancianos — que fueron detenidos arbitrariamente en el conflicto, la mayoría de ellos por parte de Rusia.
La inmensa mayoría de los entrevistados dijeron haber sido torturados y, en algunos casos, sometidos a violencia sexual durante su detención por parte de las fuerza rusas, indicó la jefa de la oficina de derechos humanos de la ONU en Ucrania.
“Se recurrió a la tortura para obligar a las víctimas a confesar que ayudaban a las fuerzas armadas ucranianas, forzarlas a cooperar con las autoridades ocupantes o intimidar a quienes tenían opiniones proucranianas», indicó Matilda Bogner.
El informe, que abarca un periodo de 15 meses desde el inicio de la invasión rusa hasta mayo de 2023, también documentó 75 casos de detención arbitraria a manos de las fuerzas de seguridad ucranianas, y afirma que una parte importante de ellas equivalían también a desapariciones forzadas.
Más de la mitad de los detenidos por las fuerzas ucranianas denunciaron también torturas o malos tratos, normalmente durante interrogatorios o o inmediatamente después de su detención, apuntó Bogner.
Ucrania dio a los investigadores de la ONU “acceso confidencial sin trabas” a los arrestados en los centros de detención oficiales, con la excepción de un grupo de 87 marineros rusos, agregó.
“La Federación Rusa no nos concedió ese acceso, a pesar de nuestras peticiones”, dijo Bogner.
La oficina de derechos humanos de la ONU ya había documentado antes la detención y ejecución sumaria de prisioneros de guerra ucranianos por parte de Rusia. Según el último informe, las fuerzas rusas también llevaron a cabo al menos 77 ejecuciones sumarias de civiles.
Entre los detenidos había funcionarios locales, voluntarios humanitarios, sacerdotes y maestros, muchos de los cuales estuvieron incomunicados en “condiciones deplorables”, de acuerdo con el reporte.