Trabajo de www.talcualdigital.com
Desde el 15 de junio se desató una «crisis institucional» dentro del Consejo Nacional Electoral tras la renuncia de ocho rectores principales y suplentes, entre ellos su presidente, Pedro Calzadilla. Días más tarde se sumó el vicepresidente del organismo, Enrique Márquez, y el rector Roberto Picón.
Calzadilla aseguró que «los proyectos del CNE continuarán ejecutándose sin contratiempos como un poder Electoral que se prepara para los procesos venideros», pero ya el organismo electoral arrastra un cúmulo de deudas que complican el panorama electoral, entre ellos la actualización del Registro Electoral, los retrasos para convocar a elecciones en cinco municipios, al igual que en gremios y sindicatos; además de cuestiones que atañen a derechos específicos de la población, como el cambio de nombre efectivo a personas trans e intersex.
Según explicó el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, en el documento donde informa sobre su renuncia, quedan por lo menos 10 proyectos pendientes que adelantaban algunos de los rectores.
Cuatro de ellos se referían a reformas (Ley Orgánica de Procesos Electorales y su reglamento) o nuevas leyes (Ley de Financiamiento de Organizaciones con Fines Políticos, Ley de Ilícitos Electorales y Ley de Partidos Políticos).
Referente a los partidos políticos, el CNE actual tenía la propuesta de crear un sistema automatizado de registro y gestión.
Además, se tenía prevista una actualización de la normativa de asistencia técnica a gremios y sindicatos. El pasado 29 de mayo, el rector Márquez dijo que durante los primeros cinco meses de 2023, el organismo había atendido y brindado asistencia técnica a 713 sindicatos y gremios profesionales. Casi un mes más tarde, el CNE certificó los procesos electorales de 45 gremios y sindicatos en 11 estados del país.
CNE vs Registro Electoral
Una de las cuestiones por las que presionaba la Comisión Nacional de Primaria para solicitar el apoyo logístico a dichos comicios era la actualización del Registro Electoral, así como la ampliación de los puntos en todo el territorio nacional.
El Registro es permanente, pero solo abarca las Oficinas Regionales Electorales (ORE), ubicadas en las capitales de estado. Esto representa un problema para aquellos futuros votantes o ciudadanos que deseen actualizar sus datos y vivan en otros municipios.
Tras ocho meses de retraso, el CNE dio a conocer el corte del RE, en la Gaceta N° 1023, correspondiente al 31 de marzo de 2023. Están habilitados para votar 21.010.514 de electoras y electores, de los cuales 20.783.314 son venezolanos y 227.200 son extranjeros.
«El ente rector del Poder Electoral tiene el deber constitucional y legal de facilitar la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral a más de 25 millones 700 mil venezolanos que tendrán la edad para votar en las Elecciones Presidenciales de diciembre de 2024», sostuvo Súmate en un boletín de prensa.
Se calcula que al menos cuatro de cada 10 venezolanos en edad de votar pudiera estar impedido de hacerlo en 2024. Además, organizaciones estiman que tres millones de venezolanos entre 18 y 45 años que están en el país no están inscritos en el RE.
En agosto de 2022, el rector Márquez consignó una propuesta de reglamento para el voto en el exterior, pero no ha sido discutida por el directorio.
Municipios sin verdaderos alcaldes
En cinco municipios del país se registra la falta absoluta de sus alcaldes y en El Tigre (municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui), el alcalde Ernesto Paraqueima fue inhabilitado políticamente tras su detención el 4 de mayo.
El artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que cuando se produjere “la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente (CNE)”. Estos alcaldes fueron electos el 21 de noviembre de 2021 y el período constitucional es de cuatro años.
Según el rector Enrique Márquez, los comicios deben ser convocados en los municipios Juan José Rondón (estado Guárico), Cardenal Quintero (estado Mérida) y Federación, ubicado en el estado Falcón.
Sobre la situación del municipio Juan José Rondón, cuyo alcalde, Raúl Carballo, falleció el pasado 22 de febrero, Márquez indicó que el 9 de marzo entregó una comunicación dirigida a Pedro Calzadilla para que se iniciaran los trámites administrativos y se convocase a unas elecciones para hacer la sustitución. Hasta la fecha no ha obtenido respuesta.
En los casos de Semprún (Zulia) e Independencia (Anzoátegui), cuyos alcaldes fueron apresados por delitos comunes, corresponde a los respectivos concejos municipales determinar la ausencia absoluta de estos funcionarios.
Pero organizaciones como Súmate han cuestionado los retrasos del CNE para convocar a estas elecciones. Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de la asociación, señaló que en estos municipios, tras 14 meses de ausencia, está clara la falta absoluta y debe ser el organismo electoral quien llame a estos comicios.
Cambio de nombre que no fue
Desde el 15 de diciembre de 2022, las autoridades del CNE prometieron a activistas de la comunidad Lgbti implementar un mecanismo, tras reuniones con Saime, Saren y los Ministerio de Educación y de Educación Universitaria para permitir el cambio de nombre a personas trans e intersex.
Se eligieron a 15 personas como parte de un programa piloto para actualizar sus nombres dentro de sus partidas de nacimiento, por medio de una nota marginal que debería ser acatada por estos organismos. Han transcurrido seis meses desde entonces sin ningún avance.
El activista Paúl Martucci, fundador de la asociación Trascendiendo Fronteras, resume en una frase las promesas del CNE: «Quedó en la nada».
A finales de febrero se prometieron reuniones con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y Alexis Corredor, presidente de la Comisión de Registro Civil, para conocer el avance en el acceso al artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Nunca se concretaron.
Con el cambio de rectores tampoco esperan que se cumpla esta promesa antes de que sean cambiados por la Asamblea Nacional electa en 2020. «No sabemos nada», insiste Martucci.
