El presidente salvadoreño Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024 en los que buscará gobernar el país por otros cinco años, pese a que según abogados y opositores la carta magna prohíbe la reelección.
“Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de El Salvador. Las Nuevas Ideas son Invencibles”, informó el lunes esa fuerza política en su cuenta oficial de Twitter. Más tarde el mandatario replicó el tuit de su partido.
En septiembre de 2022 Bukele anunció que buscaría la reelección, un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, designada por sus aliados en el Congreso, lo habilitó para postularse.
La constitución prohíbe la reelección presidencial, pero Bukele podrá optar a ella debido a que dicha sala emitió una resolución en la que interpretó que un artículo de la carta magna permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y que será el pueblo quien tomará la decisión en las urnas.
La sala también ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución. Casi de inmediato, el Tribunal emitió un comunicado de prensa y afirmó que acataría las disposiciones del máximo tribunal en materia constitucional.
Sin embargo, abogados constitucionalistas sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatros artículos de la constitución, entre ellos el 154 que establece que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
El abogado Eduardo escobar, de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, dijo que Bukele “no tiene derecho a reelegirse, esa es la regla, si lo hace es contrario a la constitución”.
“El partido del presidente está llevando al mismo presidente que está ahora, cuando la constitución dice que es prohibido”, coincidió el abogado Rubén Zamora, un veterano político que dirige la organización civil Resistencia Ciudadana que busca unificar a la oposición para presentar un candidato en 2024.
Hasta el momento también ha presentado precandidatos el partido conservador Nuestro Tiempo, que lleva al militar y abogado Luis Parada encabezando la fórmula junto a Celia Medrano.
Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó que ya se inscribieron los precandidatos Manuel Flores y Werner Marroquín para presidente y vicepresidente.
Bukele, que asumió el 1 de junio de 2019 y mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80%, ya recibió el apoyo para su reelección de los partidos aliados en el Congreso.
Los niveles de aceptación de Bukele aumentaron con el combate a las pandillas que tenían aterrorizada a la población. Según encuestas recientes, más del 90% de los salvadoreños están favor de las medidas de seguridad.
El Congreso, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez un estado de excepción en marzo de 2022 un día después de que se registraran 62 homicidios en una sola jornada, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
Desde que se implementó la medida, según cifras oficiales, más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, la mayoría por el delito de agrupación ilícita. En tanto, más de 5.000 detenidos han sido liberados porque no se los pudo vincular con las estructuras criminales.
La organización no gubernamental Cristosal documentó que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción, que suspende la libertad de asociación, que una persona sea informada de sus derechos y los motivos de su detención, así como a contar con la asistencia de un abogado.
Además amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideran sospechosos.
