La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron este miércoles su “grave preocupación” por la condena a seis años de prisión contra el reconocido periodista José Rubén Zamora en Guatemala y urgieron al Estado a abstenerse de utilizar el poder punitivo para amedrentar a quienes critican al Gobierno.
Ambas organizaciones, pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA), explicaron en un comunicado de prensa que, desde la detención del periodista en julio de 2022 “recibieron información sobre afectaciones a las garantías de debido proceso, el uso prolongado de la prisión preventiva y graves limitaciones al derecho de defensa” del periodista.
Zamora enfrentaba acusaciones por parte de la Fiscalía de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En su comunicado, también pidieron al Estado guatemalteco que se garantice el respeto al derecho a la libertad de expresión y de prensa.
“Cuando la ley es utilizada con el propósito de eliminar o apaciguar la crítica o la disidencia, lo que existe es una persecución y no un intento legítimo por afianzar el Estado de Derecho”, señala el texto.
Zamora fue condenado la semana pasada a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero pero absuelto de los otros dos delitos que le imputaba la Fiscalía.
El periodista, recalcaron las organizaciones, “debió cambiar de representación legal en varias oportunidades, llegando a contar hasta con diez defensores diferentes debido a hechos de hostigamiento, acoso, e inclusive la interposición de denuncias penales en contra de quienes ejercían su representación legal”.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se han exiliado más de 35 operadores de justicia, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos. Países como Estados Unidos, Inglaterra y el bloque de la Unión Europea han mostrado preocupación por el constante y vertiginoso deterioro del Estado de derecho y garantías de los ciudadanos.
Zamora, presidente de El Periódico, un medio local especializado en temas anticorrupción tuvo que cerrar sus operaciones el 15 de mayo aquejado de presiones políticas y financieras que llegaron incluso desde el gobierno, según denunció su director. La Fiscalía inició también una investigación contra nueve periodistas y columnistas de este medio -incluido el mismo Zamora- por publicaciones sobre el quehacer de la justicia, acusándolos de obstrucción a la justicia.
A parte del caso por el que ya fue juzgado, la Fiscalía le ha imputado cargos por otros dos casos distintos: por los supuestos delitos de conspiración para obstruir la justicia y por supuesto uso de documentos falsos de manera continuada.
La CIDH y la Relatoría dijeron que la representación del Estado guatemalteco rechazó “enfáticamente” la información del comunicado negando los señalamientos.
“El uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura”, expresaron ambos entes.
La Relatoría recordó que Zamora cuenta con medidas cautelares de la CIDH, otorgadas por constantes agresiones, amenazas y acoso sufridos por el periodista y que ha solicitado al Estado una visita in situ para constatar la situación del comunicador. Pero el Estado guatemalteco, según el organismo, no ha dado respuesta a la petición.
