La democracia, como ejercicio colectivo y libre de la política, es lo contrario a la violencia porque promete resolver por las buenas los conflictos surgidos de la diversidad. Por las buenas quiere decir pacíficamente, respetando derechos garantizados en la ley.
En 2024 elegiremos Presidente de la República, en un proceso que aspiramos esta vez más avenido a la Constitución, a diferencia de su antecesor. La campaña electoral cobra inminencia no sólo porque si bien con magros resultados en la opinión pública, el continuismo personal y partidista no ha dejado de hacer campaña un solo día, con uso extensivo de los recursos del poder, sino porque la oposición ha decidido escoger en una primaria muy abierta un nominado o nominada que la represente la alternativa unida, lo cual implica tareas adicionales antes, durante y después. Otros actores prefieren no competir y reservarse para el año que viene, lo que revela otros planes que no en todos pero sí en más de un caso resultan convenientes a la estrategia gubernamental, sea o no ésta su intención.
Violencia y elecciones son contradictorias, pero ya sabemos que actos violentos pueden presentarse, sobre todo en democracias deficitarias o en las más atrasadas, aunque aún en democracias consolidadas de arraigada tradición, las divisiones nuevas o las viejas inflamadas por la demagogia, generan episodios vergonzosos y dolorosos. Fresco está en la memoria el asalto al Capitolio de Washington cuando el Congreso debía proclamar el resultado de la elección presidencial verificada en noviembre, en la por tantos motivos admirable democracia norteamericana.
Aquí recientemente ya tuvimos en Carabobo una agresión inadmisible al pre-candidato Henrique Capriles Radonski. En apariencia paradójica, no es casual que la violencia ataque precisamente a un político que ha hecho del pacifismo y la conciliación entre venezolanos un mensaje constante, con valentía que le ha valido un costo alto en los costados más duros de la confrontación. Del más plural arco opositor han llovido las condenas, como debe ser, mientras desde el poder hasta ahora no he podido encontrar ninguna. Ese silencio se torna ensordecedor cuando pensamos que a quien menos conviene, dentro y sobre todo fuera del país, es a un grupo gobernante necesitado de lavarse la cara, como quedó evidenciado una vez más en las diversas incomodidades sufridas en Brasilia.
La violencia física y moral contra actores políticos es inadmisible, pero no es la única presente que contamina nuestra vida cívica y distancia la vida real del dicho constitucional. Son violencia directa o indirecta desde el poder o potenciales generadores de violencia social, la privatización de los medios públicos como propiedad de los grupos en el partido gobernante. La propaganda de odio. Las restricciones abiertas y encubiertas a la libertad de expresión y el derecho a la información, tanto como derecho a informarse como derecho a informar. El abuso de los recursos públicos y la amenaza, abierta o velada a los ciudadanos para impedir que colaboren con actores no gubernamentales. La politización de la justicia y la judicialización de la política.
La elección de 2024, desafío cívico que hay que enfrentar con voluntad de triunfo e inteligencia triunfadora, será librado en condiciones objetivamente desiguales. El poder denuncia como “desventajas” las sanciones internacionales que si bien agravan la situación con perjuicios que he considerado injustos y de dudosa eficacia, no han causado la crisis. La propaganda oficial además de eludir su responsabilidad en ellas, justifica el paquete de sanciones impuestas por los poderes públicos a la ciudadanía, mucho antes que algún gobierno extranjero u organismo internacional tomara cualquier decisión. Del cese deseable o la atenuación razonable de esa violencia multiforme característica del modelo empeñado en perpetuarse, dependerá la credibilidad de la elección convocada y su impacto favorable en la normalidad de la vida venezolana y su relación con la comunidad internacional.
Ramón Guillermo Aveledo
