Trabajo de: Runrun.es
El pasado miércoles 15 de junio, la ONG Espacio Público denunció que la opacidad estatal sobre la presencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela niega justicia a las víctimas.
Karim Khan, fiscal de la CPI, arribó a Venezuela por tercera vez el 8 de junio de 2023 para seguir ejecutando acciones de cara al primer Memorándum de Entendimiento entre el Estado venezolano y la Fiscalía. Sin embargo, reseña Espacio Público, dicha visita no fue anunciada, a diferencia de Colombia, donde se conocía de la llegada del Fiscal con 10 días de antelación.
«La omisión deliberada del Estado venezolano consolida un entorno de opacidad frente al sistema de justicia y la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a las víctimas que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos», señala la ONG.
Espacio Público agregó que sin transparencia se dificulta el alcance de un verdadero respeto y garantía a los derechos humanos; mucho menos si existe evidencia de presuntos crímenes de lesa humanidad.
Opacidad sistemática
Espacio Público insistió en que el Estado venezolano no ofrece información regular sobre los avances que menciona dentro de los informes entregados a la CPI.
Un claro ejemplo de esto es que el Estado le informó a la Fiscalía que hay 893 casos que se investigaron o se han investigado. Sin embargo, estos datos no han sido suministrados directamente a la sociedad venezolana en favor de lograr una auténtica justicia y reparación de las víctimas.
Otra situación que contribuye con la opacidad es que poco se sabe sobre la reunión del 8 de mayo de 2023 entre el gobierno y la CPI en donde se acordó acercar el trabajo a Venezuela, apoyar en la asistencia técnica y mejorar la cooperación para rendir cuentas.
«Hasta los momentos, no hay información técnica disponible de este último acuerdo por parte del Estado, lo que resta aún más garantías a las víctimas al obstaculizar el acceso a la información como medio para la procura de justicia en el país», aseveró Espacio Público.
