Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela expresaron hoy su esperanza de que la instalación de la oficina de asistencia técnica de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas contribuya a que el Estado promueva investigaciones genuinas de acuerdo con los estándares del Estatuto de Roma, el tratado que rige el funcionamiento de este tribunal.
Las ONG, entre las que se encuentran Provea, Justicia, Encuentro y Perdón, y otras, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que el mandato de la oficina debe llevar a que el Estado adelante investigaciones y enjuiciamientos genuinos sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, y en su defecto, que se mantenga abierta la investigación Venezuela I, iniciada por la Fiscalía de la CPI en 2021.
Asimismo, manifestaron su deseo de que esta oficina sea un mecanismo exitoso, ya que «los pueblos víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».
También indicaron que las opiniones de las posibles víctimas y sus organizaciones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para implementar el mandato de la oficina, y que la asistencia y la cooperación de la misma debe garantizar su integridad y evitar todo acto de intimidación o represalia por parte de las autoridades.
La oficina de asistencia técnica de la CPI en Venezuela fue anunciada el pasado viernes por el fiscal Karim Khan, quien firmó un memorando de entendimiento con el presidente Nicolás Maduro durante su visita al país.
Khan afirmó que esta oficina permitirá una mayor colaboración «para garantizar que haya más justicia» en Venezuela, donde se investigan los presuntos crímenes cometidos desde abril de 2017 hasta diciembre de 2020.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre Venezuela, después de que quedará en suspenso a solicitud del régimen venezolano.
