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El Observatorio de Ecología Política advirtió que el Estado venezolano promueve la minería en el país, facilitando las condiciones para expandir la explotación de minerales, especialmente al sur de Venezuela.
Según el informe anual «Situación Socioambiental de Venezuela 2022», la minería ilegal y legal confluyen y se retroalimentan en el país, haciendo difícil establecer límites precisos entre una y otra.
De acuerdo con cifras de Science Panel for the Amazon, que cita el informe, la minería ilegal representa el 90% de la explotación de oro en Venezuela.
En ese sentido, la organización advirtió que la minería ilegal genera «nefastas consecuencias socioambientales en distintas partes del territorio nacional».
Asimismo, advierten que pese a la situación, el Estado venezolano «sigue insistiendo en impulsar la actividad minera como un medio para obtener recursos».
Es importante destacar que el Ministro de Ecosocialismo indicó que el Arco Minero del Orinoco “es una política soberana del Estado venezolano” y, según la organización, da los permisos para “la explotación soberana aurífera”.
«Un discurso que revela la justificación de la minería incluso en un representante de un ministerio cuya misión es la preservación del ambiente», denuncia el Observatorio de Ecología Política.
Por su parte, la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, señaló en diciembre pasado que para seguir “promoviendo el crecimiento económico” el gobierno nacional impulsará los sectores petrolero, minero y de turismo.
A juicio de la organización, se trata de sectores «cuyas dinámicas están ocasionando graves problemáticas socioambientales en el país, sin regulación alguna ni procesos de protección y remediación ambiental».
- «Una caja negra difícil de auditar»
Para el Observatorio de Ecología Política, los ingresos por concepto de la explotación minera «se han convertido en una gran caja negra difícil de auditar y susceptible de desviarse hacia economías ilícitas como el narcotráfico y el tráfico ilegal de oro».
Explicó la ONG que los ingresos de la explotación aurífera no se expresan «en la mejora de las condiciones de vida de la población venezolana».
Además, advirtieron que, pese a la intensificación de la minería aurífera, «las reservas de oro en Venezuela han disminuido significativamente».
En diciembre de 2022, las reservas de oro se ubicaron en 68,5 toneladas. Según el portal Economía Hoy esta cifra representa 10% menos que en el 2021.
Según la organización, se estima que en El Callao, estado Bolívar, se producen 3.000 kilos de oro mensuales. Sin embargo, advierten que este oro no está llegando a las arcas del Banco Central de Venezuela.
- Minería y pueblos indígenas al sur de Venezuela
La promulgación del decreto que oficializa el proyecto Arco Minero del Orinoco en el 2016, produjo un «punto de inflexión que ha conducido a la creciente degradación de la Amazonía venezolana y el deterioro de las condiciones de vida de los pueblos indígenas».
El Observatorio de Ecología Política enfatiza en su informe en las implicaciones de la minería ilegal en lo que se refiere al deterioro de las condiciones de vida y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas del sur del país.
La situación de los pueblos indígenas que habitan esa zona «es crítica», dice la ONG, debido a que la explotación intensiva de minerales en los estados Amazonas y Bolívar ha generado «problemas complejos que afectan sus dinámicas socioculturales y ponen en peligro la integridad física de sus comunidades».
- Grupos armados y minería ilegal
En Venezuela, grupos armados extranjeros como las FARC y el ELN, así como bandas criminales autodenominadas “sindicatos”, grupos mineros conocidos como «garimpeiros», e incluso militares, forman parte de un entramado de actores que se disputan el control del negocio del oro.
La ONG Kapé Kapé ha advertido en varias oportunidades que todos estos grupos ejercen la violencia (física, psicológica y sexual) sobre pobladores, mineros, mujeres, niñas y pueblos indígenas, especialmente sobre estos últimos.
También, el informe «Esclavitud moderna en pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar» realizado por la UCAB (2022), señala casos de esclavitud laboral que afectan a indígenas en el contexto minero.
- Guardias territoriales
Como consecuencia del incumplimiento por parte del Estado en garantizar sus derechos se ha extendido entre los pueblos indígenas la figura de las guardias territoriales.
Según señala el observatorio, estos grupos intentan, a través de mecanismos de seguridad y vigilancia local en principio no armados, la protección de sus comunidades ante los ataques de agentes externos.
Una de los primeros en establecer estas guardias fue la comunidad pemón Muarak en la Gran Sabana, la cual instauró la Guardia Territorial Pemón en el 2000 como medida de seguridad interna.
Sin embargo, a partir del 2016, de acuerdo con el informe de la misión de las Naciones Unidas, esto derivó en una defensa explícita ante las acciones emprendidas por actores vinculados con la explotación aurífera.
Enfrentamientos y asesinatos
Durante el 2022, se registraron varios asesinatos de indígenas en los estados Amazonas y Bolívar.
En la mayoría de los casos, destaca la ONG, estos crímenes están vinculados con actores relacionados con la minería en Venezuela.
En enero de 2002, tres indígenas resultaron heridos, entre ellos un guardia territorial, tras un enfrentamiento con miembros de un “sindicato”.
Posteriormente, en marzo de 2022, cuatro indígenas de la etnia Yanomami fueron asesinados en el estado Amazonas por efectivos militares de la Aviación, al parecer por una “disputa” suscitada en torno al acceso a internet.
En junio, se reportó el asesinato de Virgilio Trujillo, guardia territorial del pueblo Uwottüja
- Datos de violencia
La criminalidad y la violencia han aumentado en los estados Bolívar y Amazonas.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró en el primer semestre de 2022 un aumento del 200 % en hechos de violencia en el estado Amazonas, de 57 a 157 en el mismo período.
En cuanto al estado Bolívar, el OVV señala que tres de los cinco municipios más violentos del país se encuentran en la zona minera de Bolívar, El Callao, Sifontes, y Roscio, con tasas de muertes violentas de 511, 189, y 125 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Según el informe anual de violencia en 2022 del OVV, el auge de la minería ha sido una de las principales causas del resurgimiento de delitos y violencia que se habían ido reduciendo en el país significativamente en los últimos años.
- Desplazamientos forzados
En febrero de 2022, Kapé Kapé denunció el desplazamiento de 10 familias de la comunidad sanema Majawaña, en la parroquia Aripao del estado Bolívar, por temor a la invasión de mineros ilegales en su territorio.
A su vez, un reportaje titulado “Indígenas venezolanos huyen hacia Colombia por la crisis y la violencia”, indican que desde el 2019 el fenómeno de desplazamiento forzado se ha venido incrementando.
Según el coordinador de la organización no gubernamental Fundaredes en el estado Amazonas, al menos 13.000 indígenas migraron.
- Minería no metálica
La explotación de minería no metálica también está en expansión en el país, según el observatorio.
Al respecto, señaló la organización que algunas autoridades estatales promovieron en 2022 la regularización de la minería como una forma de obtener recursos.
Resaltaron el caso de la gobernación del estado Anzoátegui, que anunció en enero de 2022 un Plan de Organización y Regularización de la Minería con el objetivo de incrementar las regalías obtenidas por concepto de la explotación minera en la mencionada entidad.
También en Bolívar se avanzaba en una propuesta para reformar la ley estatal de minería no metálica con miras a facilitar los procesos de asignación de concesiones de minerales no metálicos como el caolín, el granito, la arena de río y la arena lavada.
La organización también advirtió que mientras las autoridades se inclinan a intensificar la minería, los territorios sufren las consecuencias de la explotación de minerales no metálicos.
Un ejemplo de lo anterior es que, en febrero de 2022, el proyecto EPA, adscrito a la Fundaredes, denunció que en el municipio Lobatera del estado Táchira, la explotación de minas de carbón está dañando el ecosistema.
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