Los fraudes también tienen su diversidad. En medio de esa complejidad sobresale la modalidad más reciente que está conectada con los petardos electrónicos que terminan produciendo impurezas electorales mediante los sistemas informáticos. Es una manera de dejar atrás, como artimaña tradicional, los escamoteos de sufragios en las urnas de votación, o los pucherazos detectados últimamente en España, lo que, particularmente, tacho de robo instantáneo durante el proceso de votación, poniendo en marcha inconfundibles artimañas y manipulaciones de primitivas modalidades. Otra etapa es la que corresponde a los escrutinios, allí el fraude se concluye desviando la soberanía expresada por cada elector hacia tendencias diferentes a la seleccionada por el ciudadano a la hora de ejercer su derecho cívico. Para tratar de hacerme entender mejor, coloco como ejemplo lo que viene aconteciendo en Venezuela, en donde en estos últimos 24 años se ha configurado la franquicia del fraude continuado y combinado. Veamos de qué se trata:
Es continuado porque no se materializan los amaños en un solo evento de la cadena de actos electorales. Van desde las antesalas de campañas electorales, hasta el acto de votación, prosiguiendo con los episodios de escrutinio, totalización y auditorías. Suben la escalera de los artificios. Para lograr sus objetivos la dictadura venezolana se vale del fraude mediático, ya que disponen del control de las televisoras, periódicos y emisoras de radio conformando lo que se dio por llamar Hegemonía Comunicacional. Esa operación implicaba cerrar estaciones de TV, presionar editores de periódicos utilizando todo lo que fuera necesario con tal de conseguir el fin: ponerle la mano a la dirección de esas empresas comunicacionales. Para avanzar en esa operación regateaban papel, tintas y otros insumos a los propietarios y gerentes de todos los medios, los iban asfixiando y finalmente lo acorralaban con ofertas financieras muy tentadoras. Los editores que no cedieron fueron sometidos a juicios extravagantes, tal como le ocurrió a Miguel Enrique Otero que, impotente, desde el exilio veía como la sede del diario El Nacional, fundado por su abuelo en 1943, era asaltada por escuadrones de militares que arrasaron con todo. Una vez que el régimen dictatorial se hace con esa estructura comunicacional es posible desarrollar una campaña continuada con la idea de imponer su propia narrativa y desprestigiar a los líderes de la oposición.
Es un fraude combinado porque en la trama se entrelazan diferentes poderes. Así tenemos que, cuando además de vapulear por los medios a una figura oposicionista, también la linchan judicialmente inhabilitado políticamente. En esas maniobras se mueven acompasadamente varias instituciones maniatadas por la dictadura. Primero el objetivo político es vigilado por comisarios policiales que se encargan de montar expedientes amañados para que la fiscalía (en minúsculas intencionalmente) lo someta a juicio. Seguidamente un juez de la “revolución” lo sentencia como culpable, sumariamente, y el contralor del régimen lo inhabilita por 10, 20 o 30 años. Los partidos políticos no se escapan de esa cacería y así tenemos que algunos han sido también judicializados y sus respectivos símbolos han sido subastados al mejor postor.
Es un fraude combinado porque el Registro Electoral Permanente lo van aliñando al gusto del paladar electoral del dictador. Para tales fines se alían el Consejo Nacional Electoral, las dependencias que tramitan documentos de identidad y los activistas del PSUV (partido único del régimen). Para financiar todas esas operaciones cuentan con la hegemonía financiera sin necesidad de rendir cuentas ya que “la revolución no tiene por qué hacerlo”.
Es un fraude combinado porque dictan resoluciones sobrevenidas; en sus comandos redactan proyectos de leyes a su conveniencia, incluso inconstitucionales, que son aprobados en su parlamento integrado por diputados elegidos irregularmente. En este caso la combinación se da cuando un ciudadano impugna esos procedimientos e inmediatamente entra en acción el tribunal supremo de justicia “revolucionario” que desecha esos amparos introducidos por “los escuálidos de la oposición”. En esa cadena fraudulenta no podían faltar “los soldados de la patria”, tanto los colectivos, las milicias y la fuerza armada devenida en guardia pretoriana de esa dictadura.
Para “modernizar” los fraudes se incorporaron los recursos electrónicos apoyándose en la campaña basada en relatos de que en los tiempos de la democracia venezolana se aplicaba la figura siniestra de “acta mata votos”. Los argumentos a favor de ese artilugio tecnológico eran liderados por la propuesta de asegurar la transparencia electoral a la hora de ejercer el voto, contarlos y auditarlos. O sea, el régimen dictatorial “se despacha y se da el vuelto al mismo tiempo”. Se han realizado denuncias documentadas por expertos en la materia (Guillermo @Gaslas y Adriana Vigilanza), indicando que el régimen puede, a través de esos sistemas electrónicos, tener datos en tiempo real de cómo marchan las votaciones de cada consulta electoral. Desde los tiempos de Hugo Chávez Frías hasta estos días, le han asignado inmensa cantidad de recursos financieros al CNE para la adquisición de máquinas de votación, complementadas con las famosas “captahuellas”. Todos esos negociados se han verificado de forma discrecional por los operadores de la dictadura. Uno de los objetivos es asustar a la ciudadanía haciendo ver que están en capacidad de observar y saber cómo vota cada quien. Se fincan en las nóminas de empleados públicos, en las listas con los datos personales de pensionados y jubilados o ciudadanos que, de alguna manera, mantengan alguna relación de trabajo con las empresas u organismos públicos, desde ministerios, alcaldías o gobernaciones.
En la actualidad los venezolanos estamos esperanzados con la idea de realizar una consulta primaria que servirá, sin duda alguna, para reanimar la lucha inquebrantable de los ciudadanos que, dentro y desde el destierro, seguimos empeñados en buscar la salida definitiva de esa tiranía. Hemos planteado que, para lograr que esa consulta sea lo más exitosa posible, deben remediarse algunas dificultades, tales como: 1. Depurar y actualizar el Registro Electoral Permanente. Se ha podido constatar que en ese registro no han podido regularizar su estatus electoral, más de 10 millones de ciudadanos con derecho a votar dentro y fuera del territorio nacional. 2. Asegurar el derecho a participar como electores, a parte de los más de 8 millones de venezolanos que nos hemos visto forzados a salir del país. Somos venezolanos con derechos políticos y no toleramos que se nos inhabilite a ejercer nuestras potestades cívicas, y 3. La posibilidad de que la consulta primaria sea organizada por la propia ciudadanía mediante el voto manual. Tal como lo hacen en la mayoría de los países democráticos del mundo. Por ejemplo, se acaban de realizar elecciones en Turquía y en España, en ambos países el proceso fue manual.
Según las normas vigentes deberían celebrarse elecciones presidenciales el próximo año en Venezuela. Para tales efectos será indispensable contar con una veeduría calificada de expertos internacionales en esa materia. Bien se sabe, tal como lo he narrado arriba, que en Venezuela opera una dictadura que hará todo lo que sea menester con tal de burlar la soberanía de los ciudadanos. Esa eventual consulta no será libre si no combinamos la fuerza ciudadana participando masivamente, un liderazgo firme y resuelto a hacer respetar la voluntad de los electores y la presencia, en los centros de votación, escrutinios y auditoría, de auténticos observadores electorales comprometidos con los principios democráticos.
Antonio Ledezma
@Alcaldeledezma
