Las prestaciones sociales de unos 700 educadores en proceso de jubilación están en riesgo. Al parecer, el Ministerio de Educación comunicó a varios que ya han iniciado el trámite, que se sólo se van a hacer responsables por el pago de las quincenas y que los pasivos son obligación de la Gobernación del estado Sucre.
Jesús Malavé, directivo de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad, explicó que unos tres mil educadores fueron migrados de la Dirección de Educación al nivel central a cargo del ministerio, durante el mandato de Edwin Rojas, y pese a las advertencias que se hicieron porque se trataba de un proceso complicado. Igual se llevó a cabo sin tomar en cuenta que muchos ya se encontraban en proceso de jubilación.
Ahora, tras varios años esperando el pago de sus pasivos, algunos docentes han recibido como respuesta de la Dirección de Recursos Humanos del ente nacional, que el proceso es responsabilidad del gobierno regional.
Malavé señaló que el proceso de migración fue arbitrario e inconsulto y ahora, cuando algunos ya están en el proceso, sólo reciben el sueldo, mientras que sus prestaciones, por ahora, siguen en el limbo.
“Esto es de suma gravedad, es delicado, porque se pone en riesgo la posibilidad de que a estos trabajadores no les puedan pagar lo que significa el patrimonio de su familia, como es su antigüedad, los años que estuvieron trabajando con el Ejecutivo del estado y lo que trabajaron con el Ministerio de Educación”.
Reunión
Malavé solicitó públicamente al gobernador Gilberto Pinto, a la directora de la Zona Educativa, Karelys Sánchez, así como a los directores de Personal, que se aborde de urgencia la situación, a fin de determinar cuál va a ser el procedimiento y quién va a asumir el pago de estos pasivos.
“Este compromiso de pago no puede extenderse en el tiempo y debe hacerse de manera perentoria. Si bien es cierto que se tomó una decisión, que denunciamos y nos opusimos a tiempo, hoy el tiempo nos da la razón”.
Aclaró que hubo una sustitución de patrono, y que el actual se niega a cancelar las prestaciones sociales. “Debe haber un acuerdo entre ambos patronos, a fines de decidir a prontitud, el pago de estas prestaciones sociales”.
El dirigente señaló que entre 600 y 700 docentes están a la espera de prestaciones, pero eventualmente se sumará el resto de los tres mil que en su momento fueron migrados.
Cree que un buen acuerdo sería que el gobierno regional certifique que no se han honrado estos pasivos, y que el ministerio en vista de la situación cancele el monto correspondiente.
La otra posibilidad es que pague la gobernación y tendría que solicitar los recursos al Ejecutivo nacional.
Agregó que la norma pone en obligación al ministerio de asumir las obligaciones salariales del personal que recibió, demostrado el impago de las prestaciones.
