El licenciado Jorge Villalobos, presidente de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria (Asoproinfu), estima que en el país, en estos momentos, están funcionando entre 750 y 800 funerarias.
Pero, de esa cantidad, sólo 300 son formales; es decir, cumplen con todas los requisitos y obligaciones establecidos en las leyes y normas del país, incluyendo las ordenanzas municipales.
Al ser entrevistado por El Impulso, a propósito de la revisión que ha ordenado la alcaldesa Carmen Meléndez, en Caracas, manifestó que hasta el momento no se sabe si esa decisión corresponde a una política municipal o forma parte de una política nacional que estaría considerando Nicolás Maduro.
Fue entonces cuando mencionó la alta cifra de empresas dedicadas al servicio funerario en todo el país, revelando que el mayor auge de esta industria ocurrió con la aparición de la pandemia de COVID-19, que como se sabe ocasionó un gran número de muertes inesperadas.
Todavía no se sabe la metodología de la revisión anunciada por la señora Meléndez, pero Asoproinfu ha venido cumpliendo con todas las exigencias legales y las obligaciones impuestas por los municipios, por cuanto lo primero que se paga es todo lo concerniente con los cementerios.
Nunca se ha dejado de cumplir las normas sanitarias establecidas legalmente, ni se han dejado de hacer las contribuciones tributarias, ni ninguna de las disposiciones que han tomado las alcaldías.
Sin embargo, hay empresas funerarias que están fuera de la Asociación y a raíz de la pandemia china surgieron empresas informales, que se mantienen activas.
Las funerarias formales mantienen su estructura de costo y, por tanto, no se ha registrado aumento de precios en los servicios que proporciona, desde la preparación del cuerpo, el cofre, velatorio, ceremonias religiosas, traslado, hasta la inhumación o cremación de los difuntos.
No existen problemas para garantizar los servicios, ya que se ha logrado que en el país se fabriquen las urnas y la producción es suficiente para atender las necesidades.
Ahora, si la revisión incluye nuevos impuestos, naturalmente, las empresas tendrán que revisar la estructura de costos, que, como ya se señaló anteriormente, se ha mantenido con toda normalidad en los últimos años.
