La oenegé Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) informó este martes que en el país se contabilizaron 305 casos de violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad durante 2022, según su informe anual.
«Durante el periodo enero-diciembre del año 2022, se registraron 305 casos de violaciones de derechos humanos en contra de las personas con discapacidad en ocho estados del país, donde se observó que los derechos humanos con mayor reporte son salud y nivel de vida adecuado», dijo la organización en su investigación.
La organización no gubernamental analizó el acceso de las personas con discapacidad a derechos como la salud, la identidad, la justicia y la educación, y determinó que el desarrollo de las capacidades plenas de este grupo está «plagado de muchas dificultades», según dijo Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.
En su estudio, la oenegé detalló que no se garantizan terapias de rehabilitación y acceso a ayudas técnicas para personas con algún tipo de discapacidad motora.
«Ocho de cada 10 personas con discapacidad motora necesitan algún tipo de ayuda técnica para su movilidad personal, pero pudimos constatar que 3 de cada 10 de estas personas no tienen la ayuda técnica que requieren para su movilidad personal», señaló Gouveia.
Agregó que, aunque hay «algunos programas» para dar apoyo técnico, «no se tienen datos oficiales desagregados actualizados de cuántas personas con discapacidad hay en Venezuela» que necesiten esta asistencia.
«Los niños con discapacidad no tuvieron acceso o la prosecución de sus estudios. A pesar de que muchos de ellos estaban formalmente inscritos en el sistema educativo, no contaban con las herramientas, los docentes no estaban preparados», dijo la organización.
Consorven sugirió al Estado «incrementar los esfuerzos» para garantizar accesibilidad física a espacios de la administración pública, así como el acceso a la justicia de este conglomerado.
Además, pidieron «generar un plan nacional de atención a las necesidades de rehabilitación y ayudas técnicas para personas con discapacidad motora, así como asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo, y que se procure su participación significativa y el aprendizaje efectivo».
