El próximo 25 de mayo, el Parlamento cubano votará el proyecto de Ley de Comunicación Social, una normativa que busca regular los contenidos de la prensa en la isla y que ha generado críticas y preocupación entre periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales.
El proyecto de ley, que ha sufrido 69 cambios desde su última versión presentada en diciembre de 2022, establece que los medios de comunicación no pueden «emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social». Además, señala que el sistema de comunicación «actúa conforme al Estado socialista» siguiendo el «ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de Marx, Engels y Lenin«.
La normativa se basa en la Constitución de 2019, que asegura que los medios nacionales son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.
El proyecto de ley no reconocería la existencia ni la legalidad de los medios independientes digitales, muchos de ellos surgidos durante el llamado «deshielo». Estos medios, críticos con el Gobierno, operan en un vacío legal y se enfrentan a constantes amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de las autoridades.
Periodistas independientes y ONG han expresado su rechazo al proyecto de ley y han pedido que se abra un debate público y participativo sobre el mismo. También han solicitado que se respete el derecho a la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad y la diversidad de voces en el panorama mediático cubano.
El régimen cubano, por su parte, ha defendido la importancia de la ley, la primera en su tipo, y ha subrayado que surge de un intenso debate interno.
