El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, disolvió la mañana de este miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo.
Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión, Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y pensó que “ésta es la mejor decisión posible que nos abre el camino para recuperar la esperanza , la tranquilidad”.
Añadió que “este es un nuevo momento para el optimismo”.
Lasso deberá convocar elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aprobación aparente a la decisión del mandatario.
A su vez convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y observó que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía “actuaremos con firmeza” para proteger la vida, los derechos y garantías.
La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponde, por Obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaron adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.
El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, integrantes han acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impide el paso.
