La gobernación del estado de Florida en Estados Unidos ha catalogado las nuevas leyes migratorias como “la legislación más fuerte contra la inmigración ilegal” de Estados Unidos y sus efectos preocupan a muchos.
El gobernador de la región, Ron DeSantis firmó la semana pasada una ley que dificulta la vida de los inmigrantes sin papeles en el estado y que establece duras penas no solamente para quienes les den trabajo, sino incluso para quienes les transporten en sus vehículos.
72.000 migrantes indocumentados residen en Florida, según cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington D.C.
La ley establece que todas las compañías con más de 25 trabajadores deberán confirmar el estatus legal de sus nuevos empleados a través del sistema E-Verify -una web que permite constatar la empleabilidad de un inmigrante desde el punto de vista legal- a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor la norma.
Los empleadores que no cumplan se enfrentarán a diversas sanciones, incluyendo la posible revocación de su licencia como empleador, así como a la imposición de otras penalidades.
La normativa castiga a quienes “a sabiendas y voluntariamente” transporten a estos inmigrantes sin papeles hasta Florida (desde fuera del estado o del país).
Se establece que al transportar a estas personas serán castigados como un delito de tercer grado, sancionado con hasta 5 años de cárcel y hasta US$5.000 de multa por persona trasladada.
Mentiras los reincidentes, que trasladen a menores o grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, lo que implica hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta US$10.000 por persona.
Entre las limitaciones, también se prohíbe a estados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados.
La ley exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.
Los centros de salud deberán remitir a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual se detalle la cantidad de pacientes de cada categoría que fueron atendidos en urgencias o que fueron ingresados durante el periodo correspondiente.
