En más de la mitad (52%) de las 367 alertas que se generaron desde Venezuela por violaciones a la libertad de expresión, el agresor fue de Nicolás Maduro. Así lo revela el más reciente informe de la red Voces del Sur (VDS), que agrupa a organizaciones latinoamericanas de 17 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay) que monitorean, analizan y reportan el estado de la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en la región.
El informe sombra –paralelo a la información presentada u omitida por los gobiernos de la región– sobre la implementación de la libertad de expresión en América Latina durante el 2022, se basó en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas» y cuya meta (16.10) es «garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales».
En esta entrega se agregó un indicador transversal de género – alerta de género-, con el que se evalúa si el motivo de un ataque o violación se relaciona con la identidad de género, aspecto físico, expresión de género y/o la orientación sexual de la víctima.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) fue el encargado de monitorear el territorio venezolano. Aquí las claves del informe:
Gobierno agresor en Venezuela
Se contabilizaron un total de 367 alertas con un asesinato, una desaparición forzada, dos detenciones arbitrarias, 55 agresiones y ataques, 62 discursos estigmatizantes, 27 procesos civiles y penales, 43 restricciones en el acceso a la información, 149 usos abusivos del poder estatal – aunado al cierre arbitrario de 107 emisoras- y 27 restricciones en internet, más dos alertas de género.
De las víctimas, 123 se reconocieron como hombres, 75 como mujeres y los 169 restantes no se identificaron. Entre los agresores, 193 de ellos se determinaron pertenecientes al poder estatal, tres como grupos al margen de la ley, 88 fuera del poder estatal y 83 no fueron identificados.
La Red VDS recordó que en el territorio se han instaurado fuertes políticas de censura y abuso del poder estatal que ha impactado al periodismo. En el reporte de IPYS, Leyes para silenciar, exponen que las normas promulgadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro establecen limitaciones, sanciones penales y terminologías vagas que resultan en «interpretaciones discrecionales».
Respecto a las restricciones en internet, junto a los bloqueos arbitrarios a portales web y redes sociales, en el informe se expuso que la compañía española Movistar Telefónica, uno de los principales proveedores de internet en el país, reveló en su informe de transparencia presentado a España la gran frecuencia con la que el gobierno ha hecho peticiones de información de datos de sus usuarios.
Por último, destacaron en las dos alertas de género: el caso de Nilsa Varela, directora del medio El Vistazo, objeto de mensajes misóginos provenientes de funcionarios públicos, y el de Roberto Deniz, de Armando Info, que fue objeto de discursos estigmatizantes en redes por su trabajo sobre corrupción gubernamental y su orientación sexual.
Aumento de la violencia a nivel regional
En 2022, los tres países con más periodistas asesinados en Latinoamérica fueron México (15), Honduras (5) y Ecuador (4). Se contabilizaron 1.953 asaltos mediante agresiones físicas, ataques a la infraestructura, destrucción de equipos, amenazas de muerte, entre otras. Se sumaron 20 casos bajo el indicador de violencia sexual, que afectó más a mujeres y personas de la diversidad sexual según el informe.
Contabilizaron 831 alertas, que equivalen a 17% del total, por discurso estigmatizante en la región, frente a 739, 15% del total, en 2021. Estos discursos erosionan el sistema democrático y fomentan la autocensura.
El aumento de la violencia, principalmente los asesinatos, también refleja el fortalecimiento de grupos del crimen organizado ligados al narcotráfico y con influencia en los gobiernos de la región. De acuerdo a la información recopilada, estos grupos tuvieron un 5% de responsabilidad como agresores.
El Estado abusa de sus poderes para silenciar
En Venezuela, el parlamento aprobó la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que busca restringir la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la asociación.
Según el reporte, las instituciones públicas a menudo son instrumentalizadas para perseguir al periodismo. La Red VDS documentó 802 alertas por uso abusivo del poder estadal, 334 alertas por restricciones en el acceso a la información y 250 detenciones arbitrarias a nivel regional. La situación es más grave en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
A su vez, fueron registrados 184 procesos judiciales civiles y penales y 13 alertas por legislaciones contrarias a estándares internacionales, de acuerdo con el informe.
Impunidad y autocensura
Los victimarios de crímenes contra periodistas en la región casi siempre continúan sin sanción, según la Red VDS. La países tienen mecanismos de protección inadecuados ante amenazas a la vida de los comunicadores.
La orquestación del silencio, trabajo de IPYS, detalló que 54% de los periodistas omitieron información de interés público por temor a represalias del Estado.
Violencia por razones de género y sexualidad
Los 20 casos de violencia sexual y las 182 alertas de género reportadas en la Latinoamérica demuestran los efectos diferenciados de la violencia en contra de periodistas mujeres y LGBTIQ+. Informaron que las pocas alertas de género en Venezuela indican que los riesgos que enfrentan estas víctimas tienden a ser invisibilizados en contextos altamente represivos.
Las mujeres lidian con amenazas específicas como: desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas y misóginos, y violencia sexual. La Red VDS destacó que los problemas se agudizan cuando las periodistas son de origen indígena y/o afrodescendiente.
Medidas que aplicar
Tras el análisis de resultados, la Red VDS ofreció recomendaciones para afrontar los retos presentados:
- Ante el fallo de los gobiernos de garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa, la sociedad civil debe continuar el monitoreo, la documentación y divulgación de las violaciones a los derechos. Se debe instruir a las fuerzas policiales y las instituciones judiciales sobre cómo resguardar a los profesionales y sancionar a los victimarios, así como implementar o mejorar los programas de protección existentes.
- Fortalecer a los medios y periodistas, empoderar a las audiencias y movilizar alianzas con actores claves del sector público y privado para combatir el discurso estigmatizante contra la prensa, con el reconocimiento de la profesión como pilar para la democracia.
- Descriminalizar los delitos de injuria y calumnias para garantizar la libertad de la prensa.
