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Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional, pidió a Colombia y Venezuela tomar en cuenta las declaraciones de Salvatore Mancuso e investigar el tema de las fosas comunes en la frontera entre ambos países con los muertos generados por las AUC y los desaparecidos en las trochas desde 2015
El exdiputado de la Asamblea Nacional y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, pidió a las autoridades de Venezuela y Colombia que se investiguen las denuncias hechas por el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, sobre ejecuciones extrajudiciales.
Según Mancuso, las AUC arrojaron los cuerpos de alrededor de 200 víctimas en el lado venezolano de la frontera después de destruir el «horno crematorio» donde habían desaparecido cientos de personas.
En ese sentido, Walter Márquez dijo que a ese número de desaparecidos habría que sumarle unos 300 ciudadanos que desaparecieron en las trochas desde 2015, cuando se registró el cierre de la frontera entre ambas naciones y de los que no hay investigación abierta.
Por eso pide a las autoridades de Colombia y Venezuela que tomen cartas en el asunto y que, además, cuente con la presencia de los familiares de las víctimas y de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyas oficinas están en Caracas y Bogotá.
“Son graves las denuncias de que hay fosas comunes en San Antonio, Ureña, Boca de Grita, La Fría y San Cristóbal, con más de 200 cadáveres que fueron trasladados a este territorio, o que pudieron ser allí asesinados, mayoritariamente colombianos, pero no descartamos que haya venezolanos. Si sumamos a unos 300 desaparecidos que manejan ONG venezolanas de la época de las trochas, con la presencia del hampa común, de disidentes de las Farc y los elenos, del Tren de Aragua, todo eso puede sumar más de 500 víctimas de desaparecidos forzosos, que además de ser un crimen de lesa humanidad, es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de las víctimas”, expresó Márquez según nota de prensa.
Sí reconoció que las estadísticas al respecto no están del todo depuradas debido a que hay «opacidad» por parte de los gobiernos de ambas naciones sobre los desaparecidos y los responsabilizó por esta situación al no tomar acciones contundentes para preservar la seguridad.
La posición de Márquez coincide con la esgrimida por la coordinadora política de Primero Justicia en el estado Táchira, Karim Vera, quien exigió que se realice una investigación no politizada y transparente con representantes de organismos internacionales especialistas en derechos humanos para esclarecer la denuncia hecha por Salvatore Mancuso.
Luego de las declaraciones de Mancuso, los Gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron el 14 de mayo establecer «mecanismos institucionales rápidos y eficientes» para localizar los restos mortales de las víctimas del conflicto armado colombiano en la zona fronteriza.
Salvatore Mancuso, quien está cumpliendo una condena por narcotráfico en Estados Unidos, hizo estas revelaciones durante una audiencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde explicó que decidieron «destruir el horno» en el que el Frente Fronteras, una unidad del Bloque Catatumbo de las AUC, incineraba a sus víctimas.
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