El sector agrícola nacional tiene capacidad de producción para aportar al mercado nacional un porcentaje superior al 30% y la agroindustria producir más del 40% de su capacidad instalada, a pesar de las circunstancias adversas.
Pero la contracción de la demanda de alimentos y la competencia desleal a favor de la oferta importada en detrimento de la producción nacional, permiten que la importación y el contrabando representan el 70% de la menguada demanda nacional.
A partir de 2014 se acentuó la caída de la capacidad adquisitiva de más del 81% de la familia venezolana, debido a un fuerte deterioro del salario real, situación generada por la ausencia de un marco jurídico y de políticas acertadas, sobre todo en materia monetaria y cambiaria dirigidas a estabilizar y a estimular el crecimiento económico.
El indetenible proceso inflacionario ha determinado un progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de la población, la cual ha disminuido la demanda en 25%, los primeros cuatro meses de este año. Esta terrible situación, ha generado una marcada desigualdad en el consumo, manteniendo una brecha enorme entre el 20% de la población con mayor poder adquisitivo y el 20% más pobre.
El encarecimiento del costo de la vida, ha sido impulsado por una inflación que cerró 2022 en 267% y que se estima que este año termine en un aproximado de 400%. En el mes de marzo de este año según indicadores privados, la canasta alimentaria tuvo un costo superior a 500 dólares lo que impide al núcleo familiar acceder a la compra de la totalidad de los alimentos que requiere.
El desempleo y la informalidad laboral agravan aún más el empobrecimiento de nuestra población. La disminución del empleo y el crecimiento de la informalidad laboral ha sido generada por la caída del 80% del PIB en siete años consecutivos a partir de 2014, hasta el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, cuando se aprecia un leve crecimiento, pero a partir del segundo semestre de 2022 comienza a descender nuevamente la capacidad de producción interna, debido sobre todo, a la contracción del gasto privado impedido de seguir creciendo por la inseguridad jurídica, el caos en los servicios públicos y la falta de financiamiento.
La expectativa que existía por el aumento de un salario mínimo acorde con las necesidades de la familia quedó truncada al no aumentar el salario mínimo y mantenerlo en 130 Bs. mensuales, equivalente a 5 dólares a valor actual. Es importante señalar, que este monto está muy por debajo de lo establecido por los organismos internacionales, que califican como salario mínimo de pobreza extrema 57 dólares mensuales.
Es evidente que la “bonificación” del salario no resuelve la situación de pérdida del poder adquisitivo de la familia, ya que el monto de 75 dólares solo cubre el 15% del costo actual de la canasta alimentaria familiar. Además de que 5 millones de pensionados no perciben los 40 dólares del bono de alimentación. Sobradas razones para señalar que este nuevo ingreso familiar no soluciona la pérdida del poder adquisitivo de la población.
La caída de la capacidad adquisitiva de la población y el aumento de las importaciones y del contrabando, se han convertido en un grave problema para los productores y para la mayoría de los distribuidores de alimentos. En el sector de la producción primaria, por la incertidumbre de sembrar y de cosechar sin tener un destino o para su producción.Ante esta grave situación, el gobierno tiene el deber de ejercer como árbitro entre los sectores productivos, no imponer a favor de ningún sector, si no concertar una política de importaciones para evitar la competencia desleal en detrimento de la producción nacional.
Casos como la exoneración del pago de impuestos y de aranceles, a la importación de azúcar y de aceite crudo de palma, estimulan la importación y deja sin mercado la producción nacional de estos productos.
En el caso del café, el oligopolio conformado por empresas oficiales, está creando distorsiones en la comercialización de este rubro interviniendo en la colocación de la cosecha y en la disminución de los precios.
No menos grave es el caso de los horticultores que están siendo afectados por el contrabando de papas y de cebolla. Además del daño producido por el contrabando, también se están otorgando permisos de importación de estos rubros sin pago de impuestos ni de aranceles, amparando una competencia desleal que perjudica la producción nacional.
Ante el deterioro progresivo del poder adquisitivo de la población, que está frenando el crecimiento de la producción nacional, creemos que es necesario restablecer la autonomía del BCV para que cumpla con su función de estabilizar la economía. Y que el ejecutivo nacional se aboque al diseño de políticas públicas destinadas a detener la inflación y a promover la creación de cientos de miles de empleos decentes que aumenten el ingreso y la estabilidad económica familiar para que exista un crecimiento razonable del consumo, el pronunciamiento lo hace el Coordinador Nacional de la Organización Sectorial de Productores y Emprendedores del Partido UNT Fernando Camino.
