El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó que la Patrulla Fronteriza llevó a cabo 6.300 arrestos el viernes, el primer día desde que expiró el Título 42 y otras 4.200 detenciones el sábado.
Las cifras están muy por debajo de los más de 10.000 durante tres días de la semana pasada mientras los migrantes se apresuraban a ingresar a Estados Unidos antes de que entraran en vigor las nuevas medidas para restringir el asilo.
“Todavía es demasiado pronto”, dijo Mayorkas el domingo en declaraciones al programa “State of the Union” de la cadena CNN. “Estamos en el tercer día, pero llevamos meses y meses planeando esta transición. Y hemos estado ejecutando nuestro plan. Y lo seguiremos haciendo”.
A pesar del descenso en los últimos días, las autoridades pronostican que los arrestos alcanzarán un punto máximo de 12.000 a 14.000 al día, señaló Matthew Hudak, jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza, durante un documento presentado ante la corte. Las autoridades no pueden dar un estimado confiable del número de personas que cruzarán, indicó Hudak, quien resaltó que los reportes de inteligencia no identificaron rápidamente un “singular repunte” de 18.000 migrantes, en su mayoría haitianos, en Del Rio, Texas, en septiembre de 2021.
Durante un día de la semana pasada había más de 27.000 migrantes bajo custodia federal, un número que podría superar los 45.000 para finales de mayo si las autoridades no pueden dejar en libertad a los migrantes con una orden para comparecer ante un tribunal migratorio, declaró Hudak.
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El gobierno planea presentar el lunes apelaciones ante la corte con el fin de obtener permisos para liberar a los migrantes sin que se les entregue una orden de comparecencia. Las autoridades dicen que se requieren entre 90 minutos y dos horas para procesar a un solo adulto para la corte —lo que podría saturar las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza_, y se requiere aún más tiempo para procesar familias. En cambio, sólo se necesitan 20 minutos para dejar en libertad a alguien con instrucciones de que se reporte ante una oficina de inmigración en un lapso de 60 días, una práctica común desde 2021 para disminuir las presiones por el hacinamiento a lo largo de la frontera.
El Departamento de Justicia incluso planteó la posibilidad de negarse a poner a personas bajo custodia si no puede liberar rápidamente a los migrantes, algo que consideró era “el peor de los casos”.
El presidente Joe Biden, que pasó el fin de semana en su casa en Rehoboth Beach, Delaware, dijo estar esperanzado de que las cifras en la frontera “seguirán descendiendo”, pero reconoció que “tenemos mucho trabajo más por hacer”.
“Necesitamos también algo de más ayuda del Congreso, en términos de financiamiento y cambios legislativos”, les dijo Biden a los reporteros. Sin embargo, consideró que el manejo de la situación en la frontera está yendo “mucho mejor de lo que esperaban todos ustedes”.
El gobierno está promoviendo las nuevas vías legales en un intento por disuadir los cruces ilegales, incluidos 30.000 permisos condicionales humanitarios al mes para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que presenten una solicitud por internet, cuenten con un patrocinador financiero y lleguen por vía aérea.
Cientos de migrantes, en su mayoría colombianos, aguardaban a ser procesados el sábado bajo el intenso calor cerca de Jacumba, California, luego de dormir durante varios días bajo techos de paja en San Diego y sobreviviendo gracias al suministro limitado de galletas y agua de parte de la Patrulla Fronteriza. Varios de ellos dijeron que cruzaron ilegalmente después de intentar usar la app sin éxito o luego de escuchar las historias de frustración que contaron otros.
Ana Cuna, de 27 años, dijo que ella y otros colombianos pagaron 1.300 dólares cada uno para ser conducidos al otro lado de la frontera luego de llegar a Tijuana. Comentó que puso pie en territorio estadounidense horas antes del vencimiento del Título 42 el jueves pero, al igual que otros, la Patrulla Fronteriza le entregó un brazalete numerado y dos días después seguía sin ser procesada.
En virtud de la regla de salud pública del Título 42, a los migrantes se les negó asilo más de 2,8 millones de veces bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Una vez que expiró la medida, el gobierno federal implementó una política para negar el asilo a personas que atravesaran otro país, como México, en su camino hacia Estados Unidos, con unas cuantas excepciones.
“Queremos entrar bajo la ley, acogida”, dijo Cuna, quien compartía un techo de paja con mujeres y familias colombianas que tienen la esperanza de llegar a Chicago, San Antonio, Filadelfia y Spartanburg, Carolina del Sur.
Dejar en libertad a los migrantes sin entregarles órdenes de presentarse ante un tribunal, pero sí con instrucciones de reportarse en una oficina de inmigración en un plazo no mayor a 60 días, se convirtió en una práctica generalizada en 2021. Dejar los trabajos de procesamiento en manos de las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) creó demoras adicionales. Por ejemplo, las oficinas del ICE en Nueva York tienen un retraso hasta 2033 tan sólo para programar una comparecencia inicial ante el tribunal.
El juez federal T. Kent Wetherell, en Pensacola, Florida, ordenó en marzo el fin de dicha práctica, la cual el gobierno federal ya había dejado de utilizar de cualquier forma. El gobierno de Biden decidió no apelar la determinación pero reanudó la política la semana pasada, diciendo que se trataba de una respuesta de emergencia. El estado de Florida protestó la práctica y Wetherell le ordenó al gobierno que evitara las liberaciones expeditas durante dos semanas. Programó una audiencia para el viernes.
Desde que se implementó el uso de CBPOne el 12 de enero, la app ha exasperado a muchos de los migrantes con sus mensajes de error, dificultades para capturar fotos y el frenético ritual diario de mover los pulgares a toda prisa sobre las pantallas de los teléfonos hasta que los lugares se agotan en cuestión de minutos.
En Tijuana, Muñoz investigó acerca de la posibilidad de cruzar ilegalmente con un traficante a través de las montañas al este de San Diego, pero determinó que sería demasiado costoso. Aún le persiguen los recuerdos de la agotadora semana que pasó caminando por el desierto de Arizona a mediados de la década del 2000. Luego de ahorrar dinero trabajando turnos dobles en un supermercado cerca de Los Ángeles, regresó a México para criar a sus hijos.
La semana pasada, el gobierno aumentó el número de citas disponibles en la app de 740 a 1.000, empezó a darle prioridad a quienes llevan más tiempo intentándolo, y puso a disposición los lugares de forma gradual durante el día en lugar de todos al mismo tiempo, lo cual creaba cuellos de botella. Hasta el momento, Muñoz dice no estar convencida.
