Ahora no importa que un trabajador reciba 75 dólares o mucho más por concepto de bonificaciones, porque a la hora de ser calculadas sus prestaciones y demás beneficios sólo se tomará en cuenta el salario mínimo establecido en marzo del año pasado: 130 bolívares.
Así lo expone, al ser entrevistado por El Impulso, el doctor Oscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas), quien advierte que la bonificación del salario, como es lo que ha hecho el gobierno, violenta la ley y la propia Constitución, la cual en su artículo 91 precisa que ese salario debe ser suficiente para la persona, vivir con dignidad y le cubra sus necesidades básicas y las de su familia en los órdenes materiales, sociales e intelectuales.
Al no haber ningún aumento salarial el primero de mayo, no solo se mantiene el mismo salario decretado el 15 de marzo de 2022, el cual, de acuerdo al tipo de cambio oficial, es de 5 dólares y unos cuantos centavos hoy, cantidad muy poca para los gastos de un mes.
Con la bonificación, dice, en el caso de los trabajadores activos, a quienes probablemente les lleguen con más seguridad los 40 dólares de cesta ticket y los 30 del bono de guerra, en números redondos, recibirán 75 dólares.
Ahora se presenta el problema que les ha creado el gobierno, porque, normalmente, en la empresa privada se puede pagar más de 100 dólares; pero, lo que se imputa en las prestaciones sociales es el monto del salario mínimo. Esto quiere decir que todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y todos los beneficios percibidos por el trabajador se calcula con base a los 5 dólares. No importa que gane más de 75 dólares.
Cuando se le pregunta al doctor Meza sobre las advertencias que ha hecho la Academia Nacional de Economía en relación con lo dispuesto por el presidente Nicolás Maduro en su decisión del primero de mayo, responde que, efectivamente, con ese salario mínimo y los bonos tengan la cuantía que sea, se ha extinguido el valor de las prestaciones sociales.
Cuando el trabajador tiene un salario de 5 dólares, la cantidad que se reserva para las prestaciones sociales es de un monto muy bajo, el cual no ofrece ninguna protección social al trabajador y su familia.
Como ha advertido la Academia, estamos corriendo el riesgo de perder conquistas alcanzadas a lo largo de muchísimos años: salario, prestaciones y derechos que habían sido adquiridos. Todo lo relacionado con la bonificación es ilegal e inconstitucional, y lo sabe el gobierno.
Toda esta gente que está en el gobierno, recuerda el doctor Meza, hace veinticinco años, nos atacaban a nosotros, los que estábamos en la Comisión Tripartita que impulsó el doctor Rafael Caldera y coordinaba Teodoro Petkoff, cuando se decidió salarizar los bonos de alimentación y transporte, que eran los únicos que existían. Y, además, se estableció su desaparición al redactarse, discutirse y aprobarse en la ley, de manera que no se pudiera nunca más bonificar el salario.
Pero, contrario a lo establecido a la ley, eso es lo que ha hecho esta gente, asemtó. Ha convertido el ingreso del salario en puros bonos.
¿Si es una medida absolutamente ilegal y, por tanto, no es aplicable, por qué no es rechazada apelando ante las instancias judiciales?
La bonificación del salario es apelable, por supuesto. Sin embargo, es de presumir que el Tribunal Supremo de Justicia no va a favorecer la solicitud de los trabajadores, o por lo menos no lo va a tratar con objetividad. Pero, eso se puede acumular y luego reclamar como pasivos laborales.
Lo que está aconteciendo en estos momentos en la administración pública, manifiesta el doctor Meza, es que probablemente se estén pagando a algunos funcionarios, que ocupan niveles altos, seis salarios mínimos (unos treinta dólares), más los bonos que puedan percibir de treinta y cuarenta, de modo que estén recibiendo unos 100 dólares, aproximadamente, a los que habría que agregarle una bolsa de alimentos con productos mejores que los que son entregados a través de las bolsas Clap.
Aunque estén siendo beneficiados de esa forma, esos 100 dólares sólo alcanza para cubrir el gasto de alimentación de una persona, porque en una familia de cinco miembros se necesitan 500 dólares, de acuerdo con los cálculos que nosotros tenemos.
Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir la canasta alimentaria, pero en el caso de la inmensa mayoría de trabajadores se requiere de 100 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria familiar.
Al ser inquirido sobre la posibilidad de que el gobierno continúe en su política salarial llegue a eliminar el salario y ponga en funcionamiento una libreta de racionamiento, el doctor Meza no cree que se llegue a ese extremo.
Seguidamente se refiere al comunicado de la Academia, el cual alerta bastante sobre la pérdida del valor que tenían las prestaciones sociales, que eran un patrimonio para la familia por cuanto permitían no sólo adquirir vivienda y otros bienes, sino garantizarle un nivel de vida cómodo a quienes terminaban su etapa de trabajadores activos.
Preocupación de los académicos
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en un comunicado dirigido a la nación, ha expresado su preocupación por el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios, siendo particularmente grave para los empleados del sector público, pensionados y jubilados.
Comenta que aún cuando el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de inflación posteriores a octubre del año pasado, estimaciones confiables llevan a indicar que el ajuste en el salario mínimo decretado en marzo de 2022 habría perdido más del 80 por ciento de su capacidad adquisitiva para finales de febrero del presente año.
El salario mínimo mensual, equivalente a 30 dólares cuando fue decretado, hoy apenas supera los cinco dólares, por lo que tal deterioro del salario revela niveles de remuneración realmente deplorables para una parte signicativa de la población, muy por debajo de las condiciones mínimas de existencia requeridas en la Venezuela de hoy.
Señala la Academia que las razones de esta tragedia se asocian a la fuerte contracción de la actividad económica venezolana, reducida aproximadamente a la cuarta parte registrada en 2013, acompañada a desequilibrios acumulados en el ámbito monetario, fiscal y cambiario, que han alimentado un alza creciente en los precios de los bienes y servicios hasta desembocar en la hiperinflación que se vivió entre noviembre de 2017 y diciembre 2021, y las tasas de inflación más elevadas del mundo, que aún siguen caracterizando a Venezuela. Ello ha ocurrido, además, en el contexto de una producción petrolera muy disminuida y del endeudamiento virtual del Estado venezolano en las principales fuentes de financiamiento internacional dada la cesación de pagos de la República y de Pdvsa sobre sus deudas y obligaciones.
A esta situación, la Academia se refiere a las sanciones impuestas a partir del 2017 como consecuencia de la pérdida de las garantías democráticas y el respeto a los Derechos Humanos.
Recuerda que los ingresos externos son precarios y su efecto es ahogado por la falta de crédito internacional, además es claro el agotamiento de las reservas internacionales reportadas por el Banco Central de Venezuela, a lo cual se suma la ausencia total de información en torno a los activos externos del Bandes y Fonden, instituciones que tradicionalmente mantenían importantes sumas de activos en el exterior.
En esa circunstancia las remuneraciones están constreñidas por la productividad laboral sumamente baja en la economía venezolana como resultados de las medidas de desestimulo y acoso a la actividad productiva aplicadas durante años por el Estado.
La institución resalta que el nivel de remuneraciones se resiente más por la instrumentación de la política antiinflacionaria de fuerte corte contractivo, aplicadas en los últimos años, que ha buscado contener la liquidez monetaria con la intención de estabilizar el tipo de cambio y “anclar” los precios, reduciendo el crédito bancario y el gasto público, sin que se haya logrado reducir la dependencia del financiamiento monetario del déficit fiscal. En consecuencia es muy escaso el financiamiento a la actividad económica, el deterioro de los servicios públicos es severo y hay rezago significativo en las remuneraciones a los empleados del Estado con relación al alza de precios.
