De no poderse fin a la inflación tres importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo, a saber: el salario mínimo, las pensiones y la indemnización por cesantía (prestaciones sociales), asegura en una declaración institucional, la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
En efecto, la ANCE acordó pronunciarse ante el anuncio oficial de ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Aseguran que el anuncio oficial de ajuste en las remuneraciones de los trabajadores activos, jubilados y pensionados, que ha generado una mayúscula intranquilidad en los potenciales beneficiarios y en la sociedad venezolana en general.
La Academia advierte que la decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar sólo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional (el llamado “bono de guerra”) como mecanismos de compensación de cara a un fenómeno de galopante inflación, pone en evidencia, no sólo la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente, además, la existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil.
Explican que en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas se irá reduciendo. Ello conducirá, eventualmente, a la desaparición del salario mínimo como figura de protección. Supondría, en el caso venezolano, la desaparición también de las pensiones, un beneficio que por ley se otorga en montos iguales al salario mínimo. Más aún, en la medida que importantes beneficios conquistados por los trabajadores venezolanos, como son la indemnización por cesantía y las utilidades, se calculan en función del salario mínimo, estos beneficios corren, de igual manera, el riesgo de desaparecer.
Los efectos de la medida
En consecuencia, la Academia advierte que de no ser detenido el proceso de inflación que viene azotando a la sociedad venezolana y de instalarse éste diseño en las remuneraciones, tres importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo, a saber: el salario mínimo, las pensiones y la indemnización por cesantía (prestaciones sociales).
La Academia advierte además que el diseño que está detrás del ajuste y asignación de estos bonos (bono de alimentación y bono de guerra) es claramente discriminatorio, sin que las razones que puedan pensarse para esa discriminación tengan mérito alguno. Los jubilados y pensionados en Venezuela no son beneficiarios del bono de alimentación, sólo los trabajadores activos, y el llamado bono de guerra se otorga en montos muy diferentes, sea el beneficiario trabajador activo (US$ 30), jubilado de la administración pública nacional (US$ 49) o pensionado de la seguridad social (US$ 20).
La nominación de las bonificaciones en divisa, si bien reporta alguna ventaja a los beneficiarios, se constituye en una restricción adicional al gasto público, haciendo más rígida la prociclicidad de la gestión fiscal; y de aplicarse una política cambiaria de apreciación real de la moneda, igualmente presionaría a la baja la capacidad de compra del trabajador.
Crisis de las finanzas pública
Parece claro que entre las razones que deben haber motivado el diseño de estas medidas priva la crisis de las finanzas públicas que se posa sobre la República. Se intenta con estas medidas minimizar la carga que supone el aumento del salario mínimo y sus beneficios sobre las finanzas del Estado. En éste sentido, la Academia advierte, una vez más, que ante el disminuido tamaño de la economía y la drástica reducción de la renta de origen petrolero, se hace imperioso el redimensionamiento del Estado venezolano, la eficiencia en la gestión de sus recursos, y el combate al reparto de sus activos y a la corrupción.
i estas acciones no son suficientes para mantener e incluso fortalecer el sistema de protección social que priva en las leyes venezolanas, entonces procede un rediseño del sistema de seguridad social en Venezuela que lo haga acorde a las circunstancias actuales, en aras de que la población vulnerable tenga acceso a beneficios que verdaderamente dignifiquen su calidad de vida y a servicios de buena calidad. Lo que no parece admisible es apostar, como parece ser la tendencia, a la desaparición del sistema de protección al que se debe el Estado, en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social.
Por último, es nuestro deseo apuntar que estos importantes desafíos no pueden ser abordados sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas y sociales del país, para llegar a fórmulas consensuadas que permitan abrirles el camino a los objetivos de desarrollo sostenible.
