Como si él pudiera disponer a su libre albedrío de las tierras del municipio Crespo, el alcalde Julio Garcés enajenó 22 hectáreas de terreno colindantes con la vía Barquisimeto hacia Duaca, en la parroquia José Maria Blanco.
La denuncia fue hecha ante la Fiscalía Superior del estado Lara por Lorenzo Monasterios, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, quien dijo que con ese procedimiento arbitrario se viola la Ley Orgánica del Poder Municipal.
El lote de terreno fue enajenado a un particular, quien ya tendió cercas y está haciendo uso del bien municipal.
Monasterios señaló que el alcalde no podía disponer de un bien de la parroquia porque, previamente, debía someter a la consideración de los concejales la solicitud del uso de esas hectáreas, que como se estila decir cuando las tierras están ubicadas en las mejores zonas es un “lomito” y, por tanto, no se pueden tocar sin el consentimiento del concejo.
Éste está conformado por José Camacaro, Juan Almao, Carmen Díaz, Yolanda de Sira, Leoncia Cárdenas y Ángela Rojas, del Psuv; y José Gil, de oposición.
El ex diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, al hablar con El Impulso, manifestó que se debe preguntar: ¿cómo explican los concejales que el alcalde tome una decisión de carácter municipal sin someter a la consideración de la cámara la enajenación de un lote de tierra? ¿Qué hace la sindicatura cuando el mencionado funcionario hace lo que quiere sin que haya autorización para actuar de esa forma? ¿Es que acaso la condición de titular de una alcaldía le confiere derechos, facultades y disposiciones por encima de la ley y las normas propias del municipio? El alcalde tiene que responder a la población de su municipio y no puede otorgarle beneficios a particulares sin ceñirse a obligaciones legales.
Como se trata de una actuación arbitraria, que viola disposiciones legales, le corresponde a la fiscalía Superior abrir las investigaciones y, naturalmente, determinar las responsabilidades del funcionario denunciado.
