La doctora Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, duda de la intención que se le asigna a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual, según el oficialismo, está dirigida a combatir la corrupción mediante la recuperación de los bienes que hayan sido adquiridos con la comisión de ese delito.
En declaraciones a El Impulso, la especialista en Derecho Penal y con una larga trayectoria como jueza, afirmó que nunca ha existido la intención de enfrentar a los corruptos dentro del gobierno y sus cómplices fuera de la administración pública.
Esa cruzada inusitada contra la corrupción que hemos visto en el curso de los últimos dos meses y medio, el escándalo que ha habido con las aprehensiones de personeros que estuvieron en altos cargos públicos y lo que se espera de la ley, nadie lo cree.
Y nadie cree en lo que se está haciendo porque nosotros estamos escarmentados, aseveró. Somos un país que ha llegado a la nada porque no hay institucionalidad. Y no ha habido intención de investigar la corrupción que ha habido en Venezuela y, desde hace cierto tiempo, es investigada en otros países. Hay detenidos y enjuiciados por ese delito cometido aquí y fuera del territorio, pero incluso se han hecho, desde el propio gobierno, campañas para la liberación de algunos de ellos.
Comenta que esa ley no es como se pretende hacer ver: enfrentar de una vez por todas el gravísimo problema que afecta al Estado, sino que podría ser utilizada para expropiar a la gente de sus propiedades.
Eso es lo que se teme, porque hemos sufrido tantos despojos por parte del régimen, agrega. Es una ley que tiene sus bemoles porque viviendo el país que vivimos y la situación que nosotros tenemos de la instituciones podría mal interpretarse para llevarla más allá de lo que debería ser el destino de unas disposiciones legales de esa naturaleza.
El proyecto legislativo, aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional, fue presentado por el diputado Diosdado Cabello y tiene la particularidad de ofrecer retribuciones a las personas que denuncien ubicación de bienes provenientes de la corrupción; pero, existe el temor de que se legalice la situación de los llamados cooperantes de la patria, quienes son sujetos afectos al gobierno que hacen delaciones. Es tan desconcertante como lo que estamos presenciando desde hace dos meses y medio cuando se inició la operación caiga quien caiga, la cual se desarrolla con la detención de personeros de gobierno y llevados a juicios abiertos acusados de haber incurrido en delitos de corrupción. Son integrantes del mismo partido que está en el gobierno y, al mismo tiempo, quienes orientan, inician y ordenan esos procesos tienen pendientes causas con la justicia. Eso le resta credibilidad a la ley.
Ofrecer recompensas por el señalamiento de personas o delación también es un arma muy poderosa, porque esa práctica se presta para que sea utilizada contra cualquier ciudadano, por ejemplo, porque disiente del gobierno. Después que viene el señalamiento, el mal está hecho, porque se pueden presentar todas las consecuencias que nosotros conocemos. Creo que es sumamente peligrosa la ley y no veo la necesidad de que haya sido aprobada con esa celeridad.
Pienso que esa celeridad se debe a que en el momento se trata de buscar recursos para un país que está depauperado por la misma actuación del gobierno, que está ahora diciendo que persigue la corrupción.
No es una novedad lo que se ha presentado, porque existe la extinción del dominio en varios países de América Latina, como Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Perú. Pero, antes de que fuese puesta en vigencia dicho instrumento legal, como tiene que ser, fueron preparados los fiscales y lo más importante es que tiene que haber una fiscalía independiente. Todos nosotros sabemos que no existe una Fiscalía independiente en Venezuela. Para nadie es un secreto que la fiscalía del Ministerio Público no tiene independencia como no lo tiene el Poder Judicial, ni el Defensor del Pueblo, quien por cierto no ha dicho una palabra sobre el despojo que se le ha hecho a los trabajadores con el salario. Ninguna de las instituciones en Venezuela tiene independencia y sólo hay una institución, si es que podemos llamar así a la presidencia de la República y está en manos de alguien, que no es venezolano.
Otra figura que aparece en la ley es el pueblo, al cual, según han dicho los oficialistas, irán a parar los bienes de las personas a quienes se les aplicará la extinción de dominio; pero, indudablemente, lo que se está buscando desesperadamente son recursos, supuestamente, para mejorar la situación de todos, pero eso no va a pasar como no ha pasado en todos estos años.
Quienes hablan de la ley dicen que con los bienes que sean recuperados se contribuirá a los Derechos Humanos cuando la realidad es que el gobierno está tratando de proteger precisamente a los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad y el asunto han tratado de incluirlo en la negociación con la oposición. Pero, eso es innegociable.
Si hubiese intención de combatir la corrupción, no se habría impedido la investigación de la Asamblea Nacional cuando en el 2016 se trató de interrogar al ingeniero Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, precisamente cuando existían denuncias por manejos irregulares en la industria petrolera y el Tribunal Supremo de Justicia impidió el proceso investigativo.
Es por ello que no se puede creer en cruzadas, intenciones y leyes contra la corrupción porque nunca ha habido la disposición de combatir ese delito, que se ha propagado por todos los niveles de la administración pública y, en general, de las instituciones del Estado.
