Trabajo de: www.runrun.es
Este martes, 9 de mayo, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, desde enero a diciembre de 2022, en el que destaca la situación de la educación en el país.
En el documento titulado «Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela», la organización dedicó un capítulo de 45 páginas a la educación y afirmó que uno de los derechos más vulnerados ha sido el derecho a la educación.
La organización destacó que «todos los indicadores muestran que a medida que se deteriora el sistema educativo público y se prolonga la crisis económica, aumentan las barreras de acceso económico al derecho a la educación de la población más vulnerable», se lee en el texto.
El informe anual de Provea precisó los principales obstáculos que enfrenta la educación venezolana y destacó que en la mayoría el Estado tiene competencia y responsabilidad. A continuación, los hallazgos más relevantes del estudio en cuanto a la situación de la educación en Venezuela.
Sin cifras oficiales
Desde el año 2015 el Gobierno de Venezuela no presenta cifras oficiales de ningún tipo. De un indicador tan importante y esencial para el desarrollo de un país como es la educación, nada se sabe.
De acuerdo con el informe de Provea, la ausencia de datos oficiales no permite conocer con exactitud la disponibilidad del servicio educativo público, ni otros datos relevantes como la matricula escolar, docente y la situación de la infraestructura.
El informe señala que estimaciones de entes independientes demuestran que se mantienen los efectos negativos de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) sobre la asistencia escolar.
Tasa escolar más baja desde 2014
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), la tasa de escolaridad de 2022 es la más baja desde 2014; solo 63 de cada 100 personas entre 3 y 24 años asistían a un centro de enseñanza.
Las caídas en la asistencia fueron más acentuadas en la población en edad preescolar, con una tasa de 56%, y en edad universitaria, con una tasa de apenas 22%.
Las cifras muestran además una gran desigualdad en las familias más pobres donde se acentúa la exclusión escolar, viéndose las mayores diferencias en la población preescolar y la población adolescente.
Planteles públicos con infraestructuras deficientes
A partir del monitoreo de medios de Provea se pudo conocer en total 90 denuncias realizadas por comunidades educativas sobre la infraestructura de sus escuelas.
Los problemas más graves registrados son la ausencia de servicio eléctrico y agua potable, contaminación por aguas negras o basura, filtraciones y derrumbe de techos, entre otras.
El monitoreo registró, además, once protestas para exigir la reparación de las escuelas en varios estados del país: Amazonas, Delta Amacuro, Lara, Mérida, Miranda y Portuguesa.
De acuerdo con el Sindicato Venezolano de Maestros (SVM), en enero de 2022, 75% de las escuelas presentaban problemas diversos de infraestructura que impedían el regreso a clases presenciales.
Por su parte, la organización Con la Escuela afirmó que para 2022 53% de las escuelas rurales y 44% de las urbanas tenían problemas de infraestructura.
Provea también señaló que a la falta de mantenimiento se suma el efecto de robos, hurtos y actos vandálicos en los planteles, especialmente durante su cierre por efectos de la pandemia de Covid-19.
«Pese a que en 2022 se llamó a clases presenciales en todo el territorio nacional, estos eventos de inseguridad siguieron presentándose», informó Provea.
Condiciones del retorno a clases presenciales
Provea destacó que las condiciones para el retorno de las clases presenciales no fueron las más idóneas.
La organización enfatizó que el regreso a clases presenciales se realizó sin ningún plan para nivelar a los estudiantes después de casi dos años académicos con educación a distancia.
«No se anunciaron programas de orientación o apoyo académico para retomar la rutina escolar o identificar posibles lagunas de aprendizaje», afirma el informe.
Otra medida del gobierno fue ajustar el horario de clases, la medida se tradujo en una reducción de la duración de las horas académicas de 45 a 35 minutos y la reducción de la jornada escolar a cinco horas académicas por turno, sin que se tomaran en cuenta todo el tiempo perdido por la pandemia y el apagón general de 2019.
La creación de Brigadas Comunitarias Militares, destinadas a la atención de los problemas de infraestructura de educación y salud, resultó preocupante para Provea no solo por la potencial militarización de las escuelas públicas, sino porque un modelo basado en el trabajo voluntario difícilmente podrá contar con los recursos suficientes para atender los graves problemas de deterioro de la infraestructura causados por años de desinversión.
Protestas del sector educativo
Durante el año 2022 un punto común a todo el sistema educativo fue la violación de los derechos laborales.
Provea destacó que los bajos salarios se tradujeron en déficit de docentes, tanto en educación básica como en educación universitaria.
La organización en su monitoreo registró despidos masivos y suspensión de los salarios de al menos 13.382 educadores en cuatro estados del país y también retrasos en los pagos desde que las nóminas fueron transferidas a la Plataforma Patria.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 3.185 protestas por motivos laborales registradas en el año, 763 (24%) fueron movilizaciones motivadas por la aprobación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
El OVCS indicó que en ese mismo año el sector educativo protagonizó 946 de las protestas laborales registradas, lo cual representa 29,7% de la conflictividad laboral del período.
Provea señaló que las protestas de los gremios educativos arreciaron en julio por el anuncio de que el bono vacacional se pagaría fraccionado en cinco partes. Finalmente, el gobierno nacional tuvo que anunciar que el bono se pagaría completo, para detener las movilizaciones.
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