Al menos 31 actos de persecución y criminalización ejercidos como parte de la política de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, fueron documentados durante el mes de febrero desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
En el monitoreo y análisis de estos casos se identificaron las siguientes acciones: 17 actos de hostigamiento y amenazas, un despido injustificado, un cierre de programa de radio, cinco impedimentos de registrar un hecho noticioso, seis detenciones arbitrarias, y el bloqueo de una página web.
Actos contra periodistas y medios de comunicación
Nuevamente periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación son objeto de persecución y criminalización. Quince trabajadores de la comunicación y medios noticiosos fueron afectados por la aplicación de diversos patrones que tienen como finalidad violar la libertad de expresión de los periodistas, la libertad de prensa y el derecho de la población a acceder a cualquier información que sea de su interés sin interferencia por parte del Estado.
La fuerte arremetida contra los medios de comunicación, especialmente la radio, se agudizó durante el año 2022, por ello los medios de comunicación han optado por la autocensura de aquellos programas que podrían contradecir la ideología de quienes controlan el poder.
Ejemplo de ello es la salida del aire del programa «Gerardo Pacheco con las comunidades», moderado por el abogado Gerardo Pacheco y el periodista Félix Dugarte, que era transmitido por la emisora Ritmo Stereo 93.5 FM, ubicada en Mérida. El director de la emisora decidió cancelar el programa tras la difusión de audios de dirigentes estudiantiles en una protesta con motivo del Día de la Juventud. También en el mes de febrero el portal de noticias y opinión Aporrea denunció el bloqueo de su sitio web, siendo imposible ingresar al mismo a través del servicio ABA de la empresa estatal Cantv.
Periodistas en la mira
Por otra parte, se produjeron ocho actos de hostigamiento y amenazas contra periodistas. En todos los casos los perpetradores fueron funcionarios públicos. Ricardo Tarazona fue hostigado por la Guardia Nacional Bolivariana durante la cobertura de una explosión registrada en una toma clandestina de combustible. El funcionario de seguridad fotografió la credencial del periodista, un mecanismo evidente para atemorizar a quienes ejercen el periodismo en el país.
Napoleón Bravo fue hostigado por Diosdado Cabello, diputado nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. A través del programa “Con el Mazo Dando”, Cabello tildó al periodista de extorsionista. Por último, Yulisbeth García, alcaldesa de Upata, municipio Piar del estado Bolívar, violando la libertad de expresión de los periodistas y la libertad de información de la población, amenazó a seis periodistas: Andrea Calma, Indira Zamora, David Pache, Carlos Monsalve, Carlos Suniaga y Pableysa Ostos, con iniciar una investigación en su contra por darle cobertura a las denuncias sobre el ejercicio ilegal de la medicina en el hospital de esa ciudad.
El impedimento del ejercicio de la labor periodística afectó en diferentes hechos a los periodistas Jefferson Civira, José Ignacio Piñango, Yuliana Palmar, Mayra Linares y Génesis Chinchilla. Esto también ocasionó que no pudiera registrarse el estado de las instalaciones y equipos del Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar, en el estado Monagas. Tampoco se pudo registrar un atentado en Trujillo en donde sujetos desconocidos lanzaron una granada a la casa de un comerciante, ni los hechos de actualidad en Valera.
Actos contra organizaciones de derechos humanos
Tres actos de hostigamiento y amenazas contra organizaciones de derechos humanos fueron documentados durante el mes de febrero. La totalidad de estos casos se llevaron a cabo a través del canal del Estado Venezolana de Televisión, VTV. En varias emisiones del programa “Con el Mazo Dando” conducido por Diosdado Cabello se criminalizó a las organizaciones no gubernamentales. Lo mismo ocurrió en el programa “Al Aire”, transmitido en dicho canal y diversas emisoras de radio aliadas.
Se extiende la aplicación de patrones de persecución
De la totalidad de los casos de hostigamiento y amenazas documentados contra la población, dos ocurrieron por medios digitales y uno se llevó a cabo presencialmente en el contexto de las actuales protestas sociales.
La empresa de alimentos y bebidas Nestlé Savoy fue hostigada por Cabello, luego de que la periodista Carla Angola, acusada por el gobierno de instigar un magnicidio, saliera presuntamente en los medios con una cesta de productos Savoy. Cabello afirmó “Salió con una cesta de productos Savoy (…) Esa es una marca venezolana. Entonces, ¿nosotros vamos a financiar a quienes atentan contra este país?” y añadió: “Savoy está aquí, en Venezuela, entonces los ponemos de 24 a 72, quien tiene que actuar entendió”.
Lo anterior demuestra que el ejercicio de los patrones de persecución y criminalización no sólo alcanza a quien para Nicolás Maduro es contrario a su política de Estado, sino también a toda aquella persona u organización que de alguna manera se relacione con esta categoría de personas consideradas «enemigas.»
El politólogo Carlos Rodríguez también fue víctima de hostigamiento y amenazas, en este caso por parte del diputado José Brito. Luego de que el politólogo le respondiera un tuit a Brito, éste comenzó a escribirle por mensaje directo “con un tono hostil”, con insultos y lenguaje obsceno.
Arremetida contra trabajadores públicos
Tras las protestas de los trabajadores públicos descontentos por las condiciones salariales y la calidad de la vida de la población, continuó la arremetida en su contra por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Estos han impedido a los docentes y trabajadores públicos manifestar su descontento a través del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
También se produjeron seis detenciones arbitrarias de productores agrícolas del estado Lara luego de haber manifestado su descontento por el ajuste del precio del café. Las personas detenidas fueron: Mary Andreina Colmenares, Rita Virginia Pérez, Eduardo Rodríguez, Alexandra Carolina Rojas Hernández, Antonio José Pineda y Melvin Antonio García González.
Por último, se produjo el despido injustificado de Nolberto Camacho, trabajador y dirigente sindical de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, quien fue duramente sancionado por el ejercicio de su derecho de expresión en espacios públicos, imposibilitando el acceso a su lugar de trabajo, tras solicitar a través de su red social la investigación de hechos de corrupción y desfalco en la empresa estatal Conacal.
Hostigamiento y amenazas contra personas vinculadas con la política
Tres actos de hostigamiento y amenazas contra personas vinculadas a la política se produjeron durante el mes de febrero. En dos de los casos nuevamente estuvo involucrado el diputado Cabello. De esta manera el canal del Estado Venezolana de Televisión, VTV, es continuamente un espacio para perseguir a la disidencia política.
María Corina Machado, precandidata de oposición para las primarias, fue víctima de actos de hostigamiento por parte de Cabello, evidenciándose además actos de discriminación basada en el género. Cabello citó algunos tuits de Machado a los cuales le dio una connotación sexista, finalmente denominó a la ideología de Machado como “liberalismo sexy”.
En el mismo programa, Cabello y Nicolás Maduro arremetieron contra el líder de oposición Juan Guaidó, a quien llamaron “bobolongo”, “mal bañado” y “Juanito Alimaña”. Maduro expresó “Usted mete en Google bobolongo y le aparecen todas las noticias sobre el personaje (Juan Guaidó), y además en imágenes aparecen todas las fotos de él».
Finalmente, la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela, PCV, denunció a través de un comunicado un plan para inhabilitar al partido político ante el Consejo Nacional Electoral y su intervención judicial, como castigo por participar en las protestas de calle de los trabajadores públicos, jubilados y pensionados.
