Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, será juzgado en su país por el supuesto fraude de unas ganancias de casi 4.5 millones de euros, por negocios con la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
Este fin de semana se conoció que un juez de la Audiencia Nacional de España envió a juicio al exembajador, a su hijo Alejo y a la esposa de éste, Ana Caterina Varandas, por supuesto fraude fiscal sobre las ganancias obtenidas entre 2013 y 2014.
El magistrado decretó la apertura de juicio oral y les reclamó que informen de sus bienes para garantizar posibles responsabilidades civiles. La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel para el exembajador y ocho años y medio para su hijo y su nuera.
También reclama multas millonarias para Alejo Morodo (3,7 millones de euros) y para su mujer (3,8 millones) y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros), que se encuentran en libertad provisional con medidas como la obligación de dejar constancia de su domicilio.
La Abogacía del Estado, por su parte, pide dos años y ocho meses de prisión para Raúl Morodo por un delito contra la Hacienda Pública, una petición que eleva a 7 años y medio para su hijo y a 7 para su nuera.
En portales internacionales, se reseñó que el juez investiga una supuesta defraudación a la Hacienda española del presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo Morodo, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
La actividad prestada para PDVSA, según la Fiscalía, le reportó más de 6,6 millones de euros, de los que considera que “en parte” se benefició Raúl Morodo.
