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El director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), Luis Betancourt, informó que debido a la minería ilegal que se extiende hasta el estado Amazonas, el pueblo indígena yanomami, que tiene aproximadamente 30 mil años en esta región del país, está desplazada de su territorio.
“Cuando hablamos de minería ilegal, que se está ejerciendo en el estado Amazonas, a la vez estamos hablando de la invasión de grupos vinculados a este negocio y eso, a su vez, significa desplazamiento de comunidades que tenían cientos de años en esos sectores, como por ejemplo el pueblo indígena yanomami que tiene aproximadamente 30 mil años de existencia en la región”, expresó Betancourt durante una entrevista al programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias.
Explicó que no solo son las implicaciones desde el punto de vista ambiental y ecológico lo más grave de la minería ilegal, pues también hay un impacto social con la devastación de los ríos por el uso del metal-mercurio, que a su vez ha generado la muerte de varios indígenas, según algunos estudios.
Asimismo, resaltó que el decreto del Arco Minero del Orinoco violenta todo lo que tiene que ver con el capítulo octavo de la Constitución, el cual refiere sobre los derechos de los pueblos indígenas: es decir, la autonomía que tienen las comunidades indígenas para decidir sobre los asuntos de interés de la propia comunidad.
“Lo que llaman la consulta previa, libre, informada, en la mayoría de las comunidades donde se está ejerciendo actualmente la minería ilegal, ha sido mal consultada a través de las comunidades”, dijo.
Ilegal aunque sea legal
Betancourt argumentó que la minería que se está ejerciendo en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco es legal porque está establecida en un decreto. Sin embargo, de acuerdo a él, al revisar el documento se constata que los principios y textos constitucionales, legales y sublegales en el país y a nivel internacional, no se contarían. “Allí entra la contradicción”.
“Cuando revisamos el decreto del Arco Minero del Orinoco y lo contrastamos con lo que tiene que ver con los derechos ambientales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evidentemente hay una contradicción clarísima y eso lo hace ilegal porque, como bien se sabe, la norma suprema en nuestro país es la Constitución y nadie puede ir en contra de ella, ni siquiera un decreto presidencial. A todas luces es una actividad ilegal, aunque tenga ese matiz de legalidad a través de un decreto”, expresó.
Agregó que cuando la minería se ejerce a través de un decreto con toda una serie de normas y estándares internacionales en materia de extracción de minerales, se puede hablar de minería legal, pero cuando no está amparada bajo esta figura y de los estándares internacionales es minería ilegal. “Que es lo que se ejerce actualmente en el estado Amazonas venezolano y también en el estado Bolívar”, recalcó.
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