El exparlamentario, abogado y defensor de los derechos civiles Rafael Narváez, afirmó que la administración de Nicolás Maduro «siempre subestimó lo que establece el Estatuto de Roma, las competencias de la Corte Penal Internacional y la trayectoria del fiscal Karim Khan».
En este sentido, calificó la exigencia del Estado venezolano a la CPI de tener acceso a los informes con las denuncias para responder los formularios consignados por las 8.900 víctimas, como un «ataque sistemático a una población civil».
Recordó que estas solicitudes fueron realizadas por los afectados «en apoyo al fiscal para que la sala de cuestiones preliminares le autorice nuevamente continuar la invitación por crímenes de lesa que contempla detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes».
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Por otra parte, Narváez afirmó que el régimen venezolano «también se equivoca al plantear una negociación para que se detenga la investigación olvidando que el sistema universal de los derechos humanos y la CPI no conceden privilegios a los investigados y procesados penalmente por crímenes de lesa humanidad».
«El sistema de justicia penal nunca investigó a los jefes de los componentes del letal plan Zamora que actuaron sin piedad en forma sistemática contra la población civil en el año 2017, tampoco ha presentado evidencias convincentes de los avances en contra de los responsables de estos crímenes», puntualizó el defensor por los derechos civiles.
Para finalizar, el abogado penalista felicitó la «valentía y el coraje» de las 8.900 víctimas, acotando que «la única vía para hacer justicia es la Corte Penal Internacional».
