Un informe elaborado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes difundido este viernes, concluye que los migrantes que se encuentran desde hace días varados en la frontera entre Chile y Perú «quedaron en el limbo» entre los dos países.
«La única opción que tienen es pasar durante la noche por pasos no habilitados a territorio peruano, pagando lo que les cobren», resalta el informe.
El documento lo suscriben observadores de cuatro organizaciones que pasaron varios días sobre el terreno recogiendo testimonios.
«Estar atrapados entre las dos fronteras obliga a los migrantes a pasar caminando por el desierto, incluso hasta seis horas en altas horas de la noche, expuestos a redes de tráfico y peligros mortales es un periplo que enfrentan incluso mujeres embarazadas, niños y adolescentes».
En los últimos días, muchos migrantes que se encontraban en Chile en situación irregular decidieron salir del territorio o regresar a sus países en búsqueda de otras oportunidades. Muchos no lograron regularizar su situación, lo cual les impide trabajar en condiciones dignas.
En su ruta de retorno, se encontraron con restricciones a la entrada en Perú. El miércoles el país declaró estado de emergencia en sus fronteras, y llevan días varados.
Los autores del informe destacan la «falta de una mirada humanitaria de la situación, así como un abordaje político que considere el valor de la vida de estas personas, dejadas al abandono y cuyo control se ha hecho de manera violenta». Explican que la forma de abordar el problema por parte de la Policía chilena «es a partir de la criminalización»
La Red de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes instó al Estado a «promover un corredor seguro para la migración venezolana que desea retornar a su país». Es una propuesta que este viernes respaldó públicamente el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic.
“Los acuerdos son necesarios con Perú, Ecuador y Colombia para contribuir a su rápida concreción. En relación con las personas de otras nacionalidades que deseen abandonar el país, el gobierno debe ser coherente y permitir su movilidad. Esto evitaría los malos tratos o condiciones críticas en zonas en las que quedan varados”, agregaron.
Para las ONG, «las políticas criminalizadoras de la migración han hecho invivible permanecer en Chile».
La venezolana Rosmary Morales miraba este viernes con impotencia la muralla de policías peruanos de un lado y chilenos del otro. Parada desde hace cinco días en el desierto junto a una carretera y bajo el fuerte sol, indicó a AP que quiere salir de Chile porque tiene los documentos vencidos y el costo de vida se ha vuelto inalcanzable para sus modestos ingresos.
“Muchas madres ahí, con niños, con gripe, fiebre, con diarrea, con vómitos constantes, deshidratados, sin poder comer un buen almuerzo, sin bañarnos”, describió a The Associated Press la mujer de 45 años y cuya hija estudiaba en una universidad chilena.
Cabe resaltar que el foco político del conflicto escaló el jueves después de que el alcalde de la localidad fronteriza peruana de Tacna, Pascual Güisa, tildara al presidente de Chile, Gabriel Boric, de «irresponsable». Además, lo acusó de » trasladar el problema (migratorio) a la frontera».
Según Amnistía Internacional, al menos 300 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad venezolana y haitiana, se encuentran varadas en la frontera entre ambos países. Calificó el hecho como «una situación humanitaria crítica». Están «sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas».
