El 19 de marzo de 2019 la vida de María Auxiliadora Delgado Taboski de Marrufo y Juan Carlos Marrufo Capozzi cambio radicalmente, convirtiendo su vida de pareja en un infierno inimaginable.
El drama de los esposos Marrufo Delgado se inició mediante un allanamiento al hogar de ambos por parte de la temible Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estaba presente la hija menor del matrimonio a quien las autoridades policiales irresponsablemente dejaron abandonada en la casa allanada, llevándose la comisión objetos de valor y documentos originales que no aparecen registrados en ninguna acta, conducta criminal propia de estos órganos de represión e informada por múltiples denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI), por lo cual se le sigue proceso a diferentes y altos funcionarios del oficialismo. Los vecinos extrañados del trato aplicado al matrimonio preguntaron qué sucedía y los funcionarios explicaron que iban a ser trasladados a fin de tomarles declaración para luego ponerlos en libertad, al contrario, fueron desaparecidos por varios días, práctica también criminal denunciada insistentemente ante la CPI. Tienen privados de libertad más de cuatro años mediante orden inicialmente dictada por la Juez de Control Karol Padilla, tiempo en el cual la menor hija del matrimonio ha sido privada del cercano amor de sus padres.
Debido a que el Ministerio Público no contaba con suficientes elementos de convicción para imputarle al matrimonio detenido algún delito, solicitaron los propios Fiscales, el 6 de mayo de 2019, una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad y el 7 de junio del mismo año, el tribunal respectivo acordó la liberación del matrimonio de su lugar de reclusión, pero la DGCIM no la acató.
Ciento catorce días después de la orden de liberación del sitio de encarcelamiento, alzándose criminalmente la DGCIM en contra de la orden del tribunal, el 2 de octubre de 2019 entre la siniestra Dirección mencionada y los no menos sombríos Ministerio Público y tribunales encargados del asunto, secundados por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), organizaron un tosco y cruel simulacro de libertad de los sufridos Juan Carlos y María Auxiliadora, burlándose con la mayor procacidad de la esperanza que infundadamente habían despertado en ellos. Creemos que este acto de crueldad de la “justicia” del país debe reseñarse especialmente.
Luego de estos ciento catorce días de detención desde que el tribunal ordenó la liberación del sitio de reclusión y debido a que se intentó un recurso de amparo para hacer efectiva dicha orden, el 2 de octubre de 2019 los fatídicos órganos mencionados idearon la desvergonzada simulación de libertad con el siguiente guión: nada menos que el Subdirector de la DGCIM, perpetrador principal de tal hecho, hizo llevar a su Despacho a la pareja detenida y les notificó que una vez revisado el caso habían llegado a la conclusión de que no tenían ninguna responsabilidades en los delitos que los había llevado a prisión y que por tanto quedaban en libertad. Cínicamente este Subdirector les ofreció transporte para que pudieran trasladarse a Valencia en donde estaba su residencia. Dicha unidad automotor oficial los llevó hasta el peaje de Palo Negro en Aragua, allí uno de los funcionarios les señaló un taxi para que siguieran hasta Valencia. Los esposos abordaron el taxi y Juan Carlos feliz e ingenuamente ignorante de lo que se tejía contra ellos, le pidió al chofer que le prestara su teléfono para informar a su familia que estaban en libertad y así lo hizo para el júbilo de todos. Al llegar al peaje de Guacara un operativo de la FAES se los llevó detenidos a la población de San Diego en donde permanecieron “retenidos” y esposados por 20 horas en un baño de la sede de ese organismo policial. Luego de algunos trámites fueron regresados a su anterior prisión de la DGCIN en Caracas, en donde continúan sumidos en su martirio ordenado por la “justicia” nacional.
El mantenimiento del angustioso suplicio de la pareja, acompañado ahora por graves dolencias debido a sus cuatro años de encarcelamiento, se basa actualmente en una nueva orden privativa de libertad dictada por el Juez de Control Macsimino Márquez, hoy investigado y preso por prácticas de corrupción. Lo anterior hace factible lo dicho por los abogados defensores de los detenidos, en el sentido de que al preguntarle al juez la razón de su decisión, les respondió que sabía que contra ellos no había ninguna prueba, pero que su decisión respondía “a órdenes que venían de arriba”. Esto no es extraño en la “justicia” venezolana.
A pesar de que “las autoridades tampoco ofrecieron un solo medio de prueba para demostrar la participación del señor Marrufo Capozzi y la señora Delgado Taboski en los mencionados delitos”, conclusión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas y en contra de que en principio el Ministerio Público opinó que no había elementos de convicción para acusar al matrimonio, por lo que pidieron su libertad, con el mismo cúmulo probatorio la juez Hennit Carolina López Mesa, el 9 de diciembre de 2022, publicó la dispositiva de una sentencia en la cual condenó a la pareja Marrufo Delgado a la insólita pena de 30 años de prisión. Mayor impudicia de un órgano de “justicia” sometido a designios despóticos, es imposible.
¿Cuál es la razón por la cual un Ingeniero Electricista en el libre ejercicio de su profesión y Mayor retirado de la Guardia Nacional y una licenciada en gerencia y administradora accionista de un laboratorio clínico hayan sido objeto de tan pavoroso trato por parte del despótico régimen que tiene acorralado al Poder Judicial y al Ministerio Público?
No hay el mínimo elemento de convicción contra ellos, como lo reconoció el Ministerio Público pidiendo su libertad, sin embargo el asunto que se investiga es el supuesto atentado en contra del Presidente de la República en “el caso de los drones” y el pecado de María Auxiliadora y Juan Carlos es ser hermana y cuñado respectivamente de una persona que vive en el exterior y que se investiga como un activista de la oposición al oprobioso régimen que asola a nuestro país, relacionándolo con el asunto mencionado.
Lo sucedido al matrimonio Marrufo Delgado puede ser también el destino de cualquier persona de este país y es la consecuencia de acciones de un régimen arbitrario que confisca las instituciones republicanas y sitúa a la libertad ciudadana en una deleznable inseguridad. Por ello, en reciente informe del pasado 21 de abril, la CPI concluyó que el Estado venezolano “no està dispuesto a investigar y juzgar las acciones delictivas cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del país” que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos. El banquillo de los acusados de la justicia internacional se acerca al destino de quienes han sumido a nuestro país en el horror característico de un mandato tiránico.
El Fiscal Karin Khan avanza con paso firme e implacable. El final se acerca seguro y contundentemente…
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
