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En una protesta frente al Ministerio Público, familiares de jóvenes asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 solicitaron nuevamente avanzar en las investigaciones contra los autores materiales y las cadenas de mando responsables de estos hechos
Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2017 solicitaron nuevamente al Ministerio Público que se adelanten investigaciones «de manera genuina» contra los autores materiales y cadenas de mando implicados en estas muertes.
En una protesta frente al Ministerio Público, en el centro de Caracas, los familiares recordaron que, transcurridos un año y cinco meses de la firma del memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno venezolano, no se ha avanzado en la investigación efectiva de graves violaciones de derechos humanos.
La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic) destacó que, en al menos nueve casos, de asesinados durante las protestas de 2017 «no existen imputados, acciones, ni voluntad real para determinar la responsabilidad en los asesinatos».
Esos casos corresponden a Miguel Castillo Bracho, Yoinier Peña Hernández, Diego Arellano, Yorman Bercevia, Adrián Duque Bravo, Luis Espinoza Castillo, Nelson Arévalo, Roberto Durán Ramírez y Eduardo Orozco Porras.
Absoluta impunidad, así definió Elvira Pernalete la falta de justicia sobre los sucesos de 2017, en los que fueron asesinados más de 160 personas en todo el país.
Elvira Pernalete es madre de Juan Pablo Pernalete, quien murió el 26 de abril de 2017 al ser impactado por una bomba lacrimógena que un funcionario de la Guardia Nacional (GN) disparó contra su pecho, durante una protesta en el distribuidor Altamira, al este de Caracas.
13 Guardias Nacionales fueron imputados como autores materiales y corresponsables de su muerte, pero solo dos fueron acusados por el Ministerio Público y se desconoce el paradero de estos últimos.
La madre del joven aseveró que se intenta ocultar, «olvidar, que no haya memoria histórica de lo que pasó en 2017. Nosotros padres y familiares de estos jóvenes seguimos en pie de lucha».
Al ser consultada sobre las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional 2020, Jorge Rodríguez, que incluyó paralizar la investigación de la CPI para retomar el diálogo en México, la madre del joven afirmó que «la justicia no se negocia y no pueden parar una investigación cuando aquí en Venezuela no hay voluntad de darnos justicia a nosotros los venezolanos (…) Aquí estamos padres, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos y no vamos a parar. Aquí hay impunidad. Aquí hay tortura, aquí siguen asesinando, amedrentando».
Alfavic también solicitó que, además de dar celeridad a estos casos, no se realicen cambios de fiscales para evitar dilaciones en las investigaciones; se revisen los casos donde los sospechosos están en libertad, debido al riesgo de fuga; frenar la criminalización y el borrado de las víctimas; y que se reseñen los casos donde hay sentencias condenatorias pero no se han investigado las cadenas de mando.
También se exigió a la Fiscalía y al Ministerio Público que revisen e investiguen las denuncias de 8.900 víctimas reflejadas en el informe de la Sección de Participación de las Víctimas y Reparaciones de la CPI, publicado el pasado 20 de abril.
Familiares confían en la CPI
En la protesta participó Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, aseguró que exigen justicia «para todos y cada uno de los casos, para todas y cada una de las víctimas en Venezuela».
Fabián Urbina fue asesinado el 19 de junio de 2017 por un funcionario de la Guardia Nacional durante una protesta en el distribuidor Altamira, al este de Caracas. Su padre recordó que ese efectivo fue sentenciado a 12 años de prisión, y tuvo que apelar para que se aumentara la condena.
«No hay voluntad de hacer justicia, justicia verdadera y genuina. Si bien es cierto que en el caso de mi hijo hubo una condena, pero una condena irrisoria que no se corresponde con el crimen en contra de la vida de mi hijo Fabián, y así hay muchos casos que ni siquiera han avanzado en las audiencias preliminares», aseguró Iván Urbina.
Olga González, esposa de Leonardo González Barreto, asesinado en Valencia en 2017, aseguró que los familiares tienen pruebas y han llevado a la CPI todas las denuncias de forma sustentada. «Nosotros no tenemos nada que perder y vamos a seguir luchando para llevar a la justicia a los criminales».
Mientras que Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, denunció los retrasos en su caso. El joven fue asesinado el 25 de mayo de 2017 en el sector Valle Hondo, de Barquisimeto, estado Lara, por disparos de un contingente de la Guardia Nacional.
Johnnuar Arenas Castillo fue identificado como el asesino de Manuel Sosa, pero un mes más tarde fue ascendido a capitán de la GN durante los ascensos del 5 de julio de ese año. «Nunca ha sido arrestado, yo he metido documentación para que se investigue. Fue a la Fiscalía 21 en Barquisimeto, y allí el expendiente no avanza», relató Sosa padre.
A mediados de 2022 se trasladó el expediente de Manuel Sosa a Caracas, «y desde entonces no hemos tenido ninguna información por parte de la Fiscalía 34». Indicó que, a pesar de las amenazas y persecución que sufrió por denunciar la muerte de su hijo, continua en la búsqueda de justicia en favor de su hijo en instancias internacionales.
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