Trabajo de: www.correodelcaroni.com
El país entero quedó en vela a la espera de que la administración de Nicolás Maduro anunciara un aumento del salario mínimo después de que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmara el pasado 14 de enero que se anunciaría una decisión al respecto en “pocas horas”.
Desde aquella promesa, dirigida a todo el país en una marcha de educadores -uno de los sectores del mercado laboral más golpeado por la situación salarial- organizada por el chavismo, han transcurrido 100 días, un total de 2.400 horas que distan mucho de las “pocas” garantizadas por el Ejecutivo.
El Gobierno ha mantenido un silencio casi sepulcral desde el comentario de Rodríguez. Las únicas ocasiones en las que Maduro ha tocado el tema, han sido para justificar la ausencia de un aumento, escudándose en la escasez de recursos que maneja el Estado y culpando a las sanciones implementadas por Estados Unidos a la cúpula chavista y a la industria petrolera venezolana.
Tres días después de las “pocas horas” asomadas por la vicepresidenta, Maduro afirmó que se esforzaría en defender el ingreso de los venezolanos, y que “pariría” los recursos, pero en tres meses no ha habido acción alguna más allá de la entrega de bonos no salarizados a través del Sistema Patria.
“Defenderemos el ingreso de mil maneras ¿Pariendo recursos? Pariremos ¿Produciendo? Produciremos. Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia a una fase de mejoría sostenida, sostenible, de los ingresos integrales de la clase obrera y los trabajadores”, dijo durante el acto de clausura del IV congreso de la clase obrera, el pasado 17 de enero.
Salario a punta de bonos
En lugar de decretar un incremento salarial, el chavismo otorga alrededor de 20 bonos mensuales a través del Sistema Patria. Un puñado de estas asignaciones tienen una frecuencia definida, pero otras son a discreción del Gobierno, al igual que los montos, que varían cada mes.
A través del canal de Telegram “Canal Patria Digital”, un mecanismo utilizado por el chavismo para anunciar la entrega de bonos, se define el salario mínimo -al margen de lo legal- como la sumatoria del salario legal de 130 bolívares, el bono de alimentación de 45 bolívares y el bono de guerra económica, que varía cada mes y cuyo último valor fue de 770 bolívares.
En otras palabras, sin decreto alguno, el Gobierno otorga un salario mínimo de 945 bolívares (38,35 dólares según el tipo de cambio del BCV) a todos los trabajadores de la administración pública, con la posibilidad de recibir más pagos por otros conceptos según la persona cumpla cierta cantidad de requisitos, como haber completado el censo del sistema patria, tener hijos becados o participar en algún movimiento del Gobierno como Chamba Juvenil o Somos Venezuela.
Con este mecanismo, el gobierno “obrero” de Maduro recurre a un método detestado y denunciado por los trabajadores: la bonificación del salario. El mínimo legal representa tan solo 14% de la remuneración total recibida en el mes. Es decir, 86% del salario mensual de los trabajadores de la administración pública no genera pasivos laborales, ahorrando costos al Estado.
Una de las exigencias surgidas desde las organizaciones sindicales es salarizar los bonos, promesa que hizo Maduro al momento de decretar el último aumento salarial, en marzo de 2022. Sin embargo, los trabajadores no tienen claridad sus estados financieros y por lo tanto desconocen cómo debería ser el cálculo de pasivos laborales como vacaciones o cualquier prima que contemplen sus contratos.
Discutiendo el aumento salarial
A una semana del 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente se decretan los aumentos salariales, las expectativas se centran en torno al nuevo incremento. A excepción del año anterior, el ajuste se hizo en marzo.
En contraste con las últimas dos décadas, en las cuales el chavismo definía discrecionalmente el salario, ahora la decisión será tomada bajo la supervisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presente en el país para mediar el Foro de Diálogo Social.
Representantes de la empresa privada como Fedecámaras y Fedeindustria, organizaciones sindicales y autoridades del Estado se reúnen para discutir los problemas principales ámbito laboral venezolano. Concretamente, el objetivo es hacer que Venezuela cumpla con los convenios 26, 87 y 144, que abordan los salarios, la libertad sindical y el diálogo tripartito, respectivamente.
La prioridad del Foro de Diálogo Social es el salario, por lo que las discusiones se han centrado en su ajuste. En esta instancia, los representantes de cada sector se reúnen en mesas técnicas con la finalidad de determinar un mecanismo que permita definir un monto viable para el salario mínimo, evaluando aspectos técnicos y financieros del país.
Distintos actores que han participado en estas conversaciones han asegurado que esperan tener una respuesta para este mecanismo para el 30 de abril como fecha límite. De acuerdo con una fuente consultada por TalCual, estas conversaciones continúan en esta última semana de abril, por lo que no está definido aún ningún indicador para el aumento salarial.
Indistintamente del acuerdo que se alcance en el Foro de Diálogo Social, la decisión final sobre el aumento le compete únicamente al Ejecutivo, según lo que dicta la Constitución, por lo que incluso elaborando un mecanismo y recomendando un monto, el chavismo tendrá la última palabra al momento de definir el aumento salarial.
Lo cierto es que, a diferencia del momento en el que Delcy Rodríguez hizo su promesa, ahora sí parecen ser “pocas horas” las que faltan para conocer el nuevo salario mínimo que regirá en el país, una necesidad imperiosa para una población con un poder adquisitivo destruido y víctima de la devaluación constante del bolívar.
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