El Observatorio Venezolano de Violencia, capitulo Lara, aseguró en su más reciente informe que los municipios del estado Lara con mayor incidencia de robos durante el primer trimestre de 2023 fueron Iribarren, Jiménez, Palavecino y Crespo.
A través de una nota de prensa, el OVV señaló que en Iribarren, las parroquias donde se produjeron más robos y hurtos fueron Unión, Tamaca, Ana Soto y Concepción.
«La mayoría de las víctimas fueron mujeres y los objetos de los que fueron despojadas son, principalmente, motos, dinero en efectivo, carteras, celulares y hasta bolsas de comida», destacaron.
En el documento precisaron que las víctimas que se resistieron al robo fueron agredidas con armas blancas y de fuego. Además, señalaron que los hurtos ocurrieron mayormente en el centro de Barquisimeto.
Carlos Meléndez, coordinador de OVV, indicó que no todos estos hechos son denunciados por las víctimas y sostuvo que los medios de comunicación reseñan más homicidios que robos y hurtos, y por ello, «no hay un registro preciso sobre estos dos delitos«.
“¿Sí la policía afirma que ha tenido éxito con las detenciones y en la incautación de drogas, ¿cómo se explica que en paralelo esté ocurriendo el incremento de actividad delincuencial? Los objetivos de los cuerpos de seguridad no están centrados en las circunstancias por las que se originan los robos y hurtos”, precisó Meléndez.
Extorsiones y amedrentamientos
En la misiva Meléndez también señala que en los primeros 90 días de 2023 en la región hubo un empeoramiento de las condiciones sociales favorecedoras del delito, donde se registró más violencia de los funcionarios de seguridad contra la sociedad en lugar de la protección.
“Hay denuncias, por ejemplo, de pequeños y medianos comerciantes que son víctimas de extorsiones y amedrentamiento”, afirmó.
Por último, recalcó que «la propaganda oficialista del poder cívico militar policial esconde la intención de control social más que el resguardo y protección de los ciudadanos».
“Las ejecuciones extrajudiciales y la creación de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), no solventaron el problema de seguridad pública. Al contrario, eso generó daños para la salud pública y la justicia, cuyas consecuencias seguirán presentes a largo plazo. La política de graduar policías en 6 y 12 meses para constituir un Estado policial tampoco ha funcionado”, finalizó Meléndez.
