Delta Amacuro, Falcón y Sucre se han convertido para los migrantes venezolanos en una alternativa para huir, por vía marítima, de la emergencia humanitaria compleja que aqueja al país, situación que ha sido aprovechada por mafias y bandas criminales para captar bien sea bajo engaño o intimidación a gran cantidad de personas para ofrecerlas a redes de tráfico de personas.
La más reciente investigación de FundaRedes titulada: «Estado venezolano incumple su deber de impedir operatividad de redes de trata de personas en la frontera», señala que esta travesía tiene como destino final Trinidad y Tobago, donde muchos de los viajeros son detenidos, deportados e incluso asesinados o han muerto o desaparecido debido a las extremas circunstancias en altamar.
El “sueño trinitario” termina la mayoría de las veces en pesadilla, bien sea durante el recorrido o cuando los migrantes llegan a destino y son sometidos por las redes de tráfico.
El estado Delta Amacuro – revela el informe- ha registrado en los últimos años un incremento en las denuncias de trata de personas, ya que por su ubicación geográfica constituye por excelencia la autopista para facilitar este tipo delitos por parte de bandas organizadas bajo el tutelaje y la complicidad de funcionarios del Estado.
De acuerdo a un testimonio citado por la organización defensora de derechos humanos, “en Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad, después de abusar de ellas las envían a trabajar a Trinidad donde son explotadas por mafias de delincuentes. Las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano”.
Por su parte, Orlando Moreno, integrante de la ONG Foro Penal, y quien también fue consultado por FundaRedes, aseguró que estas acciones ilícitas involucran al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policía regional y Guardia Nacional Bolivariana que trasladan a las víctimas en sus vehículos para que pasen sin problema hasta los campamentos y los puntos desde donde salen las embarcaciones.
“Se ha conocido que los montos de los traslados por las vías alternas rondan entre los 300 y 400 dólares”, dijo.
La participación de los organismos del Estado venezolano en este delito- asevera la ONG- constituye una violación de derechos humanos por acción e incluso por omisión al no aplicar medidas que impidan que estos hechos sigan ocurriendo, así como detener y castigar a los responsables.
Asimismo, FundaRedes identificó en su estudio la participación no solo de las bandas de delincuencia organizada en la trata de personas, sino también de grupos armados irregulares, “el sindicato de Barrancas, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Los Pata de Gomas son tres de las principales organizaciones que operan en el Delta venezolano”.
El Sindicato de Barrancas- explica – opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror». Los Pata de Gomas actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar.
Un Estado ausente e indiferente
Para la organización defensora de derechos humanos, el Estado venezolano ha mostrado una gran indiferencia ante el tráfico de personas que a diario suceden en los estados costeros o con salida al mar, así como en las entidades fronterizas, pues a pesar de las denuncias realizadas ante las diferentes instancias la respuesta ha sido prácticamente nula.
La responsabilidad inicial es del Estado venezolano – argumenta FundaRedes- ya que es en territorio nacional donde ocurren las captaciones o reclutamientos de las víctimas, pues las instituciones están en la obligación constitucional, humanitaria y en correspondencia con los estándares internacionales de impedir que estos crímenes sucedan.
Prensa FundaRedes
