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Eduardo Salcedo-Albarán, de la Fundación Vortex, precisó que la macro red de corrupción en Venezuela cuenta con al menos 10.251 nodos, personas naturales y empresas que de distintas formas están involucrados con irregularidades. «Esto da idea de la dimensión a las que nos enfrentamos»
La organización Transparencia Venezuela señaló este martes 18 que sistemas de justicia de 26 países investigan 146 tramas de gran corrupción que involucran a venezolanos. El monto del desfalco se estima en al menos 70.000 millones de dólares.
«El monto es imposible de sumar, pero contando los casos de los que ya tenemos el expediente en la mano, que solamente es la mitad de los 146 casos identificados, suman casi 70.000 millones de dólares», explicó Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela.
Durante el Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela, que se celebra en Madrid, enfatizó que esta corrupción chavista «ha sido la responsable de lo que la ONU ha calificado como una emergencia humanitaria compleja» que atraviesa el país, pues el dinero robado no se pudo invertir en la atención de las necesidades prioritarias de los venezolanos.
Transparencia ha logrado identificar la presencia de la corrupción oficialista en 73 países. «El impacto económico en el mundo es brutal», aseguró De Freitas.
Señaló además que aún hay muchos casos que no están abiertos en la justicia internacional o que los procesos avanzan muy lentamente, por lo que la impunidad no solo impera dentro de Venezuela, sino también en otros países.
Sobre la reciente operación anticorrupción por parte de la administración Maduro, por la cual se han detenido a 58 personas y le costó el cargo al exministro Tareck El Aissami en la cartera de Petróleo, Mercedes De Freitas puntualizó que «hasta ahora lo que hemos visto es que cuando se supera la impunidad es para castigar a quienes se consideran enemigos del Gobierno» y no para acabar realmente con la impunidad.
Mientras que Eduardo Salcedo-Albarán, de la Fundación Vortex, precisó que la macro red de corrupción en Venezuela cuenta con al menos 10.251 nodos, personas naturales y empresas que de distintas formas están involucrados con irregularidades. «Esto da idea de la dimensión a las que nos enfrentamos».
Indicó que en España, el personaje más mencionado en casos de presunta corrupción es Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica, quien fue sobreseído en septiembre de 2022 por la Audiencia Nacional en un caso de presuntas irregularidades llevadas a cabo en Pdvsa para apropiarse de grandes cantidades de dinero.
La Justicia en Venezuela necesita una reforma estructural que acabe con una corrupción que hace muy difícil luchar en el país contra abusos desde el poder, advirtieron este martes en Madrid representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos.
Corrupción sin solución
Mildred Rojas, del equipo jurídico de Transparencia Venezuela, relató durante el foro una serie de ejemplos de intervención en la justicia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
El nombramiento «a dedo» de jueces y fiscales, la detención y tortura de algunos de ellos, políticos que están por encima de los tribunales, sentencias favorables para quien pueda pagarlas y una Fiscalía que no rinde cuentas fueron algunos de los casos citados por Rojas.
A ellos añadió otros de utilización de la justicia para la persecución política, como el del exgeneral Hugo Armando Carvajal, detenido en España en espera de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y es acusado en su país de delitos como traición a la patria.
Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, denunció un «aplastamiento de la oposición» por parte del Estado venezolano, mediante prácticas como «detenciones arbitrarias» y la utilización de leyes contra el terrorismo para «perseguir a la sociedad civil».
Cox abogó por una reforma estructural, para que la justicia venezolana no dependa de quien gobierne, con jueces que salgan de una carrera profesional adecuadamente remunerada, para evitar que sean «caldo de cultivo de la corrupción», y fiscales imparciales.
«Aunque no usemos la palabra dictadura, es un sistema totalitario, que castiga al que no sea corrupto», subrayó.
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