Tres artefactos explosivos estallaron en la ciudad portuaria de Guayaquil horas después de que la embajada de Estados Unidos en Ecuador emitiera un alerta sobre la posibilidad de que se produjeran este tipo de ataques.
La policía informó el viernes en un comunicado que dos explosiones ocurrieron frente a locales comerciales del norte de la ciudad y otra en el centro. Ninguna fue de magnitud y no se reportaron víctimas.
La fuerza no dio más detalles de los ataques ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en esa ciudad ubicada a 270 kilómetros al suroeste de Quito.
Con estas explosiones, se configura la semana más violenta del año en Ecuador, donde el lunes un policía y una mujer fueron asesinados en el interior de un iglesia de una población cercana a Guayaquil, el martes sujetos armados mataron a tiros a nueve pescadores y comerciantes en la ciudad de Esmeraldas, 183 kilómetros al noroeste de la capital, y el miércoles seis presos amanecieron ahorcados en sus celdas en una cárcel de Guayaquil.
La víspera, en tanto, tres pescadores fueron acribillados en el océano Pacífico y poco después tres guardias penitenciarios fueron asesinados en Guayaquil.
La mañana del jueves la embajada de Estados Unidos había publicado en su portal de internet que tenía información de que “delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil″.
El general de policía Alain Luna dijo a la red de televisión Ecuavisa que “estas detonaciones generan sin duda conmoción y desaliento en la ciudadanía” y añadió que “estamos viviendo una etapa de delincuencia muy avanzada que aplica operaciones terroristas, operaciones delincuenciales y operaciones psicológicas”.
La policía aseveró en el comunicado que mantiene patrullajes permanentes y que retuvo un automóvil dentro del cual analiza huellas y evidencia.
Guayaquil es una de las ciudades más violentas del país, donde se registran ejecuciones diarias por parte de sicarios, secuestros, extorsiones a pequeños y grandes negocios, además de robos y violencia callejera. Las autoridades atribuyen la ola de violencia a la disputa de bandas criminales por territorios y rutas de distribución de drogas.
Para enfrentar la situación el gobierno ha dispuesto la vigilancia de grupos combinados de policías y militares, pero hasta ahora la medida no ha reportado cambios significativos en la situación.
