El abogado Karim Khan no está como titular de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) porque él lo ha querido, sino porque sus méritos como profesional del Derecho han sido reconocidos y, por tanto, su experiencia en materia legal le permite ser una autoridad muy respetable y, por tanto, se espera con gran expectativa el informe que será dado a conocer el 20 de este mes acerca de la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Declaración en tal sentido ha emitido la organización Democracia y Libertad, que ha salido al paso a comentarios hechos en medios informativos acerca de la posibilidad de que el trabajo investigativo de la CPI puedan ser obstruidos por el gobierno venezolano.
Del mismo modo se descarta la posibilidad de que los funcionarios de la fiscalía de la Corte puedan ser sobornados porque cualquier negociación que se haga en el mundo entero con dólares o criptomonedas son verificables por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos, a partir de la Ley Clinton, que entró en vigencia a raíz de la caída de las torres gemelas.
Injusticia
Esa ley permite que el gobierno de los Estados Unidos pueda actuar en cualquier país cuando la moneda que se utilice sea dólares o criptomonedas porque inexorablemente existe un estricto control por parte de la Reserva Federal.
La designación del fiscal Karim Khan es consecuencia directa de una decisión de los Estados Unidos, que ante la actuación de un grupo de abogados defensores de personas afectadas por crímenes de lesa humanidad, incluidos descendientes de españoles que fueron objeto de despojos, secuestros y asesinatos en el municipio Beroes, estado Yaracuy, con motivo de la ocupación de sus tierras.
Como no hubo justicia en Venezuela, los sobrevivientes se fueron a España porque la Constitución de este país permite la defensa de los súbditos españoles en relación con la comisión de un delito en su contra en cualquier lugar del mundo. Al plantear la situación a los profesionales del Derecho, entre los cuales se encuentra el abogado venezolano William Cárdenas Rubio, éstos se apersonaron a La Haya para consignar la denuncia por considerar que los delitos perpetrados en Venezuela eran de lesa humanidad, que es una categoría de supra derecho penal.
Se encontraron, primero, con un fiscal argentino, Luis Moreno, que fue destituido por corrupción y quien fue sustituido por una dama, Fatoun Bensouda. En esos momentos, la representante de la misión de Venezuela ante la CPI era la abogada Haifa El Aissami Maddah, hermana del entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Tareck El Aissami, logró neutralizar a la fiscal.
Bensouda logró comprar bienes y bonos, tener ahorros y hacer inversiones en los Estados Unidos. Y eso se comprobó después que los abogados pidieron a la embajada estadounidense en España que la investigaran porque los casos de crímenes de lesa humanidad no avanzaba.
El gobierno de los Estados Unidos le suspendió la visa a la señora Bensouda y le congelaron los bienes porque determinaron que los sueldos y demás ingresos de la mencionada funcionaria no alcanzaban para cubrir las inversiones y demás gastos que ella había hecho en los Estados Unidos.
Al perder la visa y con ella el derecho a la defensa, también fue conminada a renunciar al cargo y los venezolanos presionaron para que fuese escogido un fiscal con una hoja impecable de servicios, de reconocimiento internacional y con capacidad para defender los Derechos Humanos. Fue entonces cuando entró en acción Diego Arria, quien recomendó al fiscal que trabajó con él cuando era funcionario especial de las Naciones Unidas en sucesos de gran envergadura en el mundo. Su labor generó juicios a mandatarios que incurrieron en violaciones de Derechos Humanos.
Imparcialidad
El fiscal Khan ha venido a Venezuela dos veces: la primera vez visitó a Nicolás Maduro para darse a conocer y anunciarle que había un proceso en el cual funcionarios de alto nivel del gobierno estaban señalados de haber perpetrado delitos de lesa humanidad y por tanto solicitaba la apertura la instalación de una oficina en Venezuela y, en tal virtud, se le permitiera a los funcionarios de la Corte el suministro de expedientes para llevar a cabo los procedimientos de rigor. Maduro aceptó abrir la oficina, pero en un ala del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual fue rechazado por el abogado Khan, quien le dijo que la instalación tenía que ser independiente del Poder Judicial venezolano, ya que no podía comprometer la imparcialidad de la Corte.
Lo que estaba planteando es la autorización para que el organismo funcionara a plenitud, con las garantías del debido proceso y a la verificación de las personas que están siendo señaladas en los diferentes delitos, ya que la Corte no tiene copias de los expedientes, no obstante haber sido solicitados a las instancias judiciales.
Cuando los delegados de Khan comenzaron a pedir expedientes, se los negaron y al solicitar la autorización para instalar la oficina neutral, no se concedió la petición, sino que se ratificó que tenía que ser en las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia.
Karim Khan volvió a La Haya para continuar el proceso y en una nueva visita a Miraflores le advirtió a Maduro que los funcionarios de la fiscalía no sólo estaban actuando de acuerdo al Estatuto de Roma sino con base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual garantiza la actuación de la justicia internacional cuando las instancias venezolanas no atienden los derechos que les corresponden.
Cuando el fiscal reafirma estar actuando en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela era porque ésta establecía las responsabilidades de las cadenas de mando de los organismos de seguridad del gobierno.
Casos
En ese sentido están pendientes el caso del 15 de enero de 2.018 cuando por televisión oficial se desarrolló una operación militar de cuatro cuerpos armados, en la que participaron alrededor de mil individuos y se utilizaron armas de guerra para dar muerte a Oscar Pérez y a otras siete personas, que ya se habían entregado.
Otro caso que está pendiente es el del 8 de octubre del mismo año cuando ocurrió la muerte del concejal Fernando Alban, cuyos familiares denunciaron que había sido arrojado de lo alto del décimo piso de la sede del Sebin, en Caracas.
Y también hay que mencionar el del 29 de junio de 2019 cuando el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció, tras ser llevado a un tribunal para ser enjuiciado, a consecuencia de torturas que le produjo la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
Al citar apenas tres de los miles de crímenes cometidos por los organismos de seguridad, que son conocidos por la Alta Comisionaduría de las Naciones Unidas, es evidente que la Corte tiene que actuar porque los hechos jamás podrán ser ocultados.
Se espera que el 20 de este mes, la Corte haga un pronunciamiento acerca de todo el proceso que ha venido llevando a cabo y, por tanto, existe gran expectativa no sólo entre familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes, sino en todo el país y, en general, en todo el continente porque la actuación de la Corte llama la atención en el mundo entero dada la gravedad de las denuncias hechas, finalizó la declaración de Democracia y Libertad suscrita por el profesor Pedro Pablo Alcántara, coordinador nacional de esa organización. Khan sabe perfectamente la situación de violación de Derechos Humanos en Venezuela.
