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El Tribunal Supremo de Justicia controlado por el oficialismo desechó una demanda de nulidad que intentaron hace 12 años un grupo de diputados opositores contra la Asamblea Nacional del período 2006-2011, por entregar, en sus últimos días de funcionamiento una nueva Ley Habilitante al entonces presidente Hugo Chávez.
Así se reseña en el sitio web de «Suprema Injusticia», una iniciativa de Transparencia Venezuela para visibilizar las desviaciones del Poder Judicial en Venezuela.
Precisaron que en la sentencia número 147 de la Sala Constitucional, que se dictó el 21 de marzo de 2023, se declaró “el abandono del trámite”. El alegato fue que los accionantes (los entonces diputados Eduardo Gómez Sigala, Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y Edgar Zambrano) duraron un año “sin realizar ninguna actuación procesal tendente a impulsar la causa”.
El fallo fue redactado por la magistrada Lourdes Suárez Anderson. Pero, resalta Suprema Injusticia, el mismo dictamen reconoce que los representantes legales de los entonces diputados asistieron en, al menos, 32 ocasiones entre abril de 2012 y febrero de 2020 para pedir al TSJ que respondiera al recurso por nulidad e inconstitucionalidad que interpusieron.
«En su sentencia, la instancia no da ningún tipo de explicación para justificar el silencio que guardó durante casi una década sobre este asunto, que pasó por las manos de tres magistrados (Luisa Estella Morales, Juan José Mendoza y Gladys Gutiérrez) antes de que fuera decidido finalmente», denuncia Suprema Injusticia.
Sentencia tardía y que deja dudas al aire
Además de destacar el retraso en emitir una sentencia sobre el caso, Suprema Injusticia advierte que esta sentencia dejó varias preguntas importantes al aire, tales cómo: ¿puede la AN otorgarle poderes especiales a un presidente para legislar en sus últimos días? ¿puede permitirle legislar durante el mandato del siguiente Parlamento?
Respecto a este tema, recordaron que esta Ley Habilitante que denunció la oposición se aprobó luego de que el chavismo perdió la mayoría calificada en las legislativas de 2010 y que se le fijó una duración de 18 meses, es decir, «más de una quinta parte del mandato de la tercera Asamblea Nacional, cuyo período se extendió de 2011 a 2016».
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