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La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, CPI, conminó al gobierno venezolano a que responda “con una réplica que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril” sobre el informe del fiscal Karim Khan que desestima las razones presentadas por el ejecutivo en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
En su exposición Khan alega que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, es responsable de la persecución, torturas, violaciones y encarcelamiento a civiles.
El texto, que consta de 22 páginas y con fecha del jueves 30 de marzo, señala que estas acciones se llevaron a cabo en un “plan de escalada sistemática” contra la ciudadanía.
De esta manera desmontó ante la Sala de Cuestiones Preliminares cada uno de los argumentos presentados por el gobierno de Maduro. Además, aseguró que al menos desde abril de 2017 en adelante, muchas personas adversas a la gestión de Maduro terminaron perseguidos por motivos políticos.
Por otro lado, la Sala expone en su argumentación que se le permitirá al gobierno que preside Nicolás Maduro a responder por dos capítulos: a) hacer una comparación de la evaluación del fiscal con la de la sala de cuestiones preliminares a la hora de iniciar las investigaciones; y b) la forma en la que “la supuesta intención discriminatoria se reflejaría en los procedimientos internos”.
La cronología de estas actuaciones
Todo este largo proceso inició formalmente el pasado 1 de noviembre de 2022 cuando el fiscal Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, después de que quedara en suspenso a solicitud del gobierno. Dos semanas después, la Sala pidió a Venezuela presentar sus observaciones sobre la solicitud del fiscal.
Luego, el 1 de marzo de este año, el fiscal recibió unas observaciones presentadas por el Ministerio Público venezolano a las que respondió en un documento dado a conocer en el país el pasado 28 de marzo.
Seguidamente, el gobierno pidió más tiempo para contestar a estos dos puntos concretos y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.
El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal venezolano “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la Sala la decisión de dar o no más tiempo a Caracas y autorizar los puntos a los que puede responder..
El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la Sala” y que esta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”, dice literalmente la norma.
En este sentido, la Sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que Caracas “no podría haber anticipado” y por eso tiene hasta el 20 de abril para responder, pero dejó fuera la cuestión “discriminatoria” porque esta sí “podría haberse anticipado” de argumentos presentados anteriormente, por lo que esto “no merece una respuesta”, señala la Sala.
Vale recordar que la reacción de la estructura gubernamental de Venezuela al informe precitado del fiscal se dirigió a la opinión pública internacional manifestando su rechazo a través de un comunicado, en el cual señala que Khan ha mostrado un «visión prejuiciada» en torno a Venezuela sobre el tema de la justicia y los Derechos Humanos.
“Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela”, indicaba el documento.
En el texto, la Cancillería mencionó que la CPI reproduce «sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia».
Venezuela presentó el 28 de febrero de 2023 ante la CPI un informe “que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusarla de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”, explicó el comunicado.
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