La corrupción se ha generalizado en el mundo. Estallan escándalos en los diferentes continentes y las alarmas políticas se desatan, conjuntamente con los órganos encargados de combatirla, principalmente el Poder Judicial. Es cuando el sistema penal actúa a fin de sancionar ejemplarmente a aquellos que han atentado en contra del patrimonio público. Pero cuando falla el Poder Judicial en su delicada e importante labor de limpiar de corrupción los órganos públicos, se desencadena hasta el paroxismo el saqueo de las arcas del Estado y la vehemencia de los funcionarios públicos por enriquecerse ilícitamente no tiene límite.
Es lo que asombrados contemplamos los venezolanos en relación a lo que está sucediendo en el país: a sabiendas de que los jueces son proclives a incurrir en actos de corrupción, con poquísima y honrosas excepciones, el sistema penal deja de funcionar en su vital función de la prevención general ya que el corrupto sabe como librarse de la sanción correspondiente a su acción delictiva.
Tenemos una Ley Contra la Corrupción que describe de manera precisa, como indica el principio de la tipificación estricta, las acciones que constituyen delito al atentar contra el patrimonio público. El peculado que es apropiarse de bienes públicos o dejar que terceros lo hagan, inclusive es delito si por negligencia o imprudencia esto sucede, que es el peculado culposo, de tales hechos hechos están llenas las noticias de los medios de comunicación del país. La concusión que no es más que la extorsión ejercida por un funcionario público, que en este caso atenta contra el patrimonio personal de la víctima: por ejemplo, eso de impedir el tránsito de un vehículo automotor por cualquier razón, hasta que el conductor accede a “pasarle algo” al funcionario.
Pero hay una hipótesis penal prevista en la Ley mencionada que de aplicarse serían muy pocos los funcionarios públicos venezolanos los que no estarían presos: el enriquecimiento ilícito. Consiste en que el funcionario esté en posesión de bienes que no se correspondan con su situación económica y no logre justificar su origen. Si se sacó la lotería està muy bien, pero si no fue así, entonces de donde sacó lo suficiente para andar en vehículos costosísimos, o tener yates y aviones privados o bien vivir en mansiones multimillonarias y llevar una existencia de lujos que cínicamente exhibe. Seguramente el lector que està viendo estas líneas estará pensando en uno o varios funcionarios públicos que conoce y que incurren en tales desmanes delictivos.
El funcionario público no debe recibir nada fuera de su estipendio legal. No es necesario que lo pida o lo exija, pues si es ofrecido espontáneamente debe rechazarlo, así el ofrecimiento sea por haber cumplido con su deber. Quien esté pensando que esto es una exageración y que el funcionario que así proceda es un soberano imbécil, disculpen que les diga, pero esa persona piensa como corrupto y si accede a un cargo público de relevancia, lo veremos en los automotores, yates, aviones y mansiones antes referidos.
En Venezuela tenemos el catálogo completo de todos los delitos tipificados, sin embargo incurren en ellos y actúan impunemente, sin sanción alguna, desde el más encopetado funcionario del alto gobierno, hasta el modesto policía que monta una alcabala para matraquear con una bolsa verduras a esforzados campesinos que transitan por nuestras abandonadas carreteras.
Así tenemos que el delito de corrupción en nuestro país desborda cualquier tipología para convertirse en un cáncer moral que ha hecho metástasis en distintos órganos vitales de nuestro cuerpo social. Pero para sanarnos se requiere que la ley aparte de la sociedad los sujetos que corrompen el sistema. Ese es un reto que debemos afrontar con decisión a través de la justicia, donde prevalezca el criterio humanitario sobre la norma quiritaria, porque lamentablemente en Venezuela hay mucho delito motivado por la condición famélica de la población y no se puede ser igual de implacable con el mensajero que le sustrajo un kilo de arroz a una bolsa Clap, que el pillo que hurtó millones de dólares de un ministerio o una empresa estatal para irse a vivir en una mansión en el extranjero.
En Venezuela es imperativo aplicar aquellas normas que contienen y castigan la corrupción y para ello es indispensable comenzar por sanear al Poder Judicial, pues la delictiva tolerancia baja desde sus altos estadios, como es el Tribunal Supremo de Justicia, hasta los más humildes juzgados. Sin una labor como la descrita, la impunidad de la corrupción seguirá campeando en Venezuela, a excepción de puntuales asuntos que salen a relucir por la riña interna del oficialismo y si no es así ¿porqué entonces no està preso e investigado la cabeza musulmana de esta mega depravación de más de 20 mil millones de dólares?
Jorge Rosell y Jorge Euclides Ramírez
