Trabajo de: www.correodelcaroni.com
Cada vez es más común el reporte de personas desaparecidas en el contexto minero de Bolívar. Sin encontrar rastros de ellos, sus familiares sufren la angustia por la incertidumbre y el miedo es un elemento permanente. Indagar la verdad podría significar exponerse a un peligro mayor para los familiares.
Codehciu reportó 3 desaparecidos entre enero y febrero, dos mujeres y un hombre. El patrón que se generó en dos casos fue de desaparición en contexto de trabajo y en el caso restante no se dieron detalles al respecto. A su vez, uno de los hechos se llevó a cabo en el municipio Sifontes y los otros dos en el municipio Roscio.
En enero se registró el caso de Lenis Coromoto Salazar, de 39 años, oriunda del estado Sucre. Ella trabajaba en El Dorado y la última vez que se comunicó con sus familiares fue el 11 de noviembre del 2022 cuando les dijo que se iría a trabajar en una mina. Desde entonces no se supo más de ella.
En el mes de febrero se registraron dos casos, una pareja que trabajaba como lancheros en la mina Las Vainitas, en Guasipati, los medios de comunicación no especificaron la identidad de los desaparecidos. Además, presuntamente se hallaron dos cadáveres en la misma zona donde laboraba el matrimonio. Primicia conoció de forma extraoficial que un pariente denunció el caso al Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tumeremo. Los agentes trabajan para dar con su encuentro.
Según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las desapariciones suponen en general una violación de diversos derechos de carácter político, económico, social y cultural. Asimismo, una desaparición forzada puede tener repercusión en el ejercicio de esos derechos por los parientes del desaparecido.
Codehciu insta al Estado Venezolano a resguardar los derechos de los ciudadanos venezolanos. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad, a la protección y a la asistencia de su familia, tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tiene derecho a la salud y a una vida digna, tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce a las desapariciones forzadas como un crimen. Esta práctica está prohibida de forma universal como una violación de los derechos humanos. Por ende, el Estado tiene la obligación de trabajar para la no repetición de estos sucesos.
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