Una Corte de Delaware, en EEUU, autorizó a cuatro acreedores de Venezuela “embargar a Citgo para cobrar $2,5 millardos en deudas”, aseguró el economista y analista nacional e internacional, Francisco Rodríguez.
En efecto, explicó en su cuenta en la red social Twitter que a diferencia de decisiones anteriores, “esta parte de la determinación de que Juan Guaidó ejerció de forma inapropiada el control directo sobre la empresa”. En todo caso, recomienda a la AN legítima proceder de inmediato a la negociación con estos acreedores. Dada la situación financiera de Citgo, aún es posible una negociación para salvarla”.
Destaca que en la legislación estadounidense, los acreedores de una nación “no tienen un derecho directo para embargar bienes de una empresa pública como PDVSA”, dado que este derecho “sólo lo adquieren si son capaces de comprobar que la República ha usado a esta empresa para sus propios fines”.
Afirmó que a partir del reconocimiento por EE.UU. del interinato en 2019, “la responsabilidad por el control de la empresa recae sobre funcionarios nombrados por Juan Guaidó». Por tanto, los acreedores tenían que probar que el interinato – y no Maduro – ejerce control directo sobre la empresa”.
Precisó que el juez Stark “halló que el gobierno interino ejerció control extensivo de PDVSA al utilizar fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenar a PDVSA hacer y suspender pagos de deuda y anunciar que la deuda de PDVSA y la República tendrían el mismo trato”.
“Todas estas acciones de responsabilidad directa del gobierno interino sirvieron para ratificar el alter ego y llevaron a que la Corte decidiera permitir a los acreedores proceder al embargo de Citgo”, precisa.
El economista venezolano recordó que en varias oportunidades advirtió sobre “los riesgos causados por el manejo que el interinato hizo de PDVSA. Lamentablemente, estas advertencias fueron ignoradas por aquellos a quienes correspondía llevar la representación legal de la República”.
Calificó como “inexcusable que, después de haber gastado decenas de millones de dólares en abogados, el interinato haya incurrido en fallas tan básicas. Que lo hayan hecho siembra serias dudas sobre la integridad de quienes estuvieron a cargo de la conducción de estos asuntos”, indicó.
Igualmente, afirmó que las órdenes de embargo dictadas por el juez Stark “se harán vigentes en el momento en que la OFAC emita las autorizaciones correspondientes”.
Recuerda que “Sumado a las deudas de cobro ya autorizadas, el total de acreencias que permiten embargar a Citgo suma $7,6 millardos”, aseguró.
Propone que la Asamblea Nacional de 2015, que continúa ejerciendo el control de los activos de la República en el exterior, “debe proceder de inmediato a la negociación con estos acreedores. Dada la situación financiera de Citgo, aún es posible una negociación para salvarla”.
